El artículo de la discordia que han invocado tanto el secretario de Organización del PSOE, César Luena, como los 17 cargos que han dimitido, el 36.o de sus estatutos, deposita en un congreso extraordinario la elección de una nueva Ejecutiva.
El citado artículo, enmarcado en las competencias del Comité Federal, dice así:
"Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva Federal y Comisión Federal de Ética y Garantías. Cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal".
Luena, en consecuencia, ha señalado que será ese congreso el que determine la nueva dirección y, por tanto, los militantes.
Y lo mismo, aunque con otro fin, alegan los llamados críticos, los que han dimitido hoy.
Porque en el escrito con el que acompañan la dimisión solicitan a la presidenta del Comité Federal, la andaluza Verónica Pérez, y a la de la Comisión Federal de Ética y Garantías, la histórica dirigente socialista y exconsejera en el Gobierno de Patxi Lopez, Isabel Celáa, que en el orden del día del Comité Federal se incluya el cese de la Ejecutiva.
Los dimisionarios apelan a la Comisión de Ética, porque, entre sus competencias, tiene una especialmente relevante en estos momentos y es "informar al Comité Federal de los litigios surgidos entre militantes, militantes y órganos del Partido u órganos del Partido entre sí".
Por tanto, el Comité Federal, el máximo órgano del partido y previa información del órgano de garantías, ha de ser el que acuerde "las medidas estatutarias y políticas que corresponden en su seno", según indican quienes han dimitido.
Sin embargo, ese Comité, convocado formalmente el pasado lunes por la Ejecutiva con carácter extraordinario, no tiene en su agenda este asunto y, precisamente por ser extraordinario, no sería posible añadir nuevos puntos. Pero los críticos plantean lo contrario
