La primera reforma legislativa que ha tramitado este nuevo Congreso ha sido la polémica LOMCE. El pleno ha aprobado iniciar la "suspensión del calendario de implantación"de la reforma educativa diseñada por José Ignacio Wert

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aún no ha terminado de implantarse y ya se tramita su paralización. Aunque esta ley también es conocida como ´ley Wert´, por el ministro que la sacó adelante, es ahora Iñigo Méndez de Vigo el encargado de seguir con su implantación y defender que su objetivo es mejorar la educación y reducir la tasa de abandono escolar temprano, que al inicio de la legislatura se situaba en el 26,3% (muy por encima de la media de la Unión Europea)

El PP ha sido el único partido que se ha opuesto a la proposición de ley del PSOE. El resto de los grupos parlamentarios, a excepción de Ciudadanos que se ha abstenido, a votado a favor de frenar la implantación de la LOMCE.

Desde julio de 2013 existía un compromiso parlamentario para frenar la ley en cuanto cambiase la distribución del Congreso. Este pacto fue sellado por todos los partidos que en ese momento se encontraban en la oposición, salvo por UPyD, Foro Asturias y UPN.

Pero, ¿qué pasaría si se paraliza ahora la LOMCE?

Posiblemente la consecuencia más directa de la paralización de la LOMCE sea la económica. La ´ley Wert´ habrá costado en 2017 casi mil millones de euros. Para su implantación, las Comunidades Autónomas, contarán hasta ese año con 964 millones de euros, de los que 350 los pondrá el Gobierno y 614 el Fondo Social Europeo, todos ellos divididos en varios pagos.

LOMCE: Financiación total por comunidades

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Este desembolso europeo está condicionado a la justificación de los gastos incurridos, en los términos previstos por la normativa nacional y europea. Estos recursos están destinados únicamente a financiar la reforma educativa, por lo que, al paralizar la LOMCE, se perderían.

El otro problema de estos recursos de la UE es que se pagan una vez que se han gastado y se comprueba que se destinaron a lo que estaba previsto. El Ministerio de Educación adelantará la partida europea a las comunidades autónomas. Desde la recepción de ese dinero hasta que justifiquen en qué lo han gastado, la cantidad aparecerá en las cuentas de las comunidades como deudas.

Una vez se justifique el gasto y el Fondo Social Europeo desembolse sus fondos, el pago deberá figurar como préstamo.

Paralizadas las evaluaciones de mayo

La paralización de la ´ley Wert´ traería además muchas complicaciones para profesores y alumnos, especialmente porque aún no se ha formado un Gobierno. La incertidumbre política ya pasa factura a muchos centros en los que el profesorado no sabe a qué atenerse para preparar el curso del año que viene.

Las fases de la LOMCE ya implantadas, las que afectan a toda primaria y a los cursos impares de secundaria y bachillerato, se mantendrían de momento, porque de lo contrario se produciría un vacío legal.

Si se paraliza la ley LOMCE, se paralizarán las evaluaciones externas (más conocidas como ´reválidas) de 6º de Primaria, prevista para mayo, y la de 2º de Bachillerato, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo curso.

Esta ´reválida´ de Primaria propuesta por la LOMCE está en el aire. Si el PSOE logra formar Gobierno, una de las primeras medidas que pondrá en marcha, será la de evitar el desarrollo de esta prueba. Pero si se celebran nuevas elecciones, el curso escolar de este año terminaría con el Gobierno en funciones y por tanto, todos los alumnos de 6º de Primaria tendrían que enfrentarse a esta evaluación final.

Más de una decena de comunidades autónomas anunciaron a finales de 2015 que recurrirían ante el Tribunal Supremo el decreto que regulaba las características de esta ´reválida´ y que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de noviembre.

Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura ya han presentado su recurso, pero no son las únicas que lo harán. El pasado 28 de marzo el Gobierno canario dio luz verde al recurso contra la ley LOMCE después de presentar un requerimiento al Estado como paso previo.

Otras comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Baleares también tienen intención de hacerlo.