La juez de instrucción 32, Rosa María Freire, ha archivado este viernes la causa abierta por encubrimiento contra el antiguo jefe de los servicios informático del PP Javier Barrero en relación con el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, tal y como pidió hace una semana la acusación.

El asesor jurídico del PP Alberto Durán declara desde pasadas las once horas de este viernes por este caso. Antes de entrar, no ha precisado a preguntas de la prensa si también lo hará en calidad de representante del PP, ya que la juez tomará declaración como persona jurídica al partido, la primera vez que ocurre esto tras la reforma del Código Penal impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón.

En un auto, la titular del juzgado de plaza de Castilla ha sobreseído provisionalmente las actuaciones abiertas contra Barrero al entender que, cuando ocurrieron los hechos, entre abril y julio de 2013, "carecía de mando y responsabilidad" en el departamento de informática, "por lo que era ajeno a la decisión y ejecución que culminó con el borrado de los discos duros de los ordenadores".

Barrero explicó a la juez que por esas fechas estaba de baja y que, por tanto, no pudo participar en el borrado de los dos ordenadores que, según su versión, eran propiedad de Luis Bárcenas y no del Partido Popular. Esta fue una de las contradicciones con la versión de la actual gerente 'popular', Carmen Navarro.

Navarro se limitó a decir ante la juez que ordenó que se aplicara el protocolo de borrado de equipos que ella misma había implantado a su llegada a la gerencia en 2010. El antiguo responsable informático, encargado de la compra de todos los equipos, también negó que existiera este tipo de protocolo.

La gerente del PP aseguró que en los ordenadores utilizados por Bárcenas en la sede nacional de Génova no había claves de acceso y, además, no tenían ningún tipo de contenido. Comprobado esto, se dio la orden de aplicar el protocolo de formateo. El extesorero, sin embargo, aportó otra versión ante la juez: en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y con documentación sobre campañas electorales y otra que afecta al caso Gürtel.

Declaración del PP

El Partido Popular volverá este viernes a los Juzgados de Plaza de Castilla por el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas aunque en esta ocasión, además del asesor jurídico del partido Alberto Durán, también comparecerá en calidad de investigado el partido a través de un representante.

De esta forma, el PP tendrá que asignar a un representante en la que será la primera vez que una formación política declara como investigado después de la última reforma del Código Penal.

La decisión fue tomada por la juez de Instrucción 32, Rosa María Freire, después de tomar declaración la semana pasada a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y al entonces responsable de los servicios informáticos, Javier Barrero, por un posible delito de daños informáticos y encubrimiento.

El PP tendrá que designar a la persona encargada de representarle al ser el primer partido que es investigado como persona jurídica tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal --impulsada por el exministro 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón-- que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales.

Navarro aseguró ante la juez que los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede nacional no tenían clave de acceso y estaban vacíos y que, una vez comprobado esto, decidieron proceder a un protocolo de borrado y formateo para asignarlo a otra persona, siguiendo el protocolo que ella misma instauró al asumir la gerencia del PP en 2010.

Contradicciones en las declaraciones

Javier Barrero, por entonces responsable de informática, negó en su declaración que existiera dicho protocolo. También aseguró ante la juez que los dos ordenadores eran propiedad de Luis Bárcenas, en contra del criterio del PP, ya que como encargado de la compra de material informático jamás había adquirido dichos equipos.

Bárcenas, por su parte, sostuvo ante la juez que en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital relacionados con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP, además de "documentos que afectaban a la campaña electoral".