La macrocausa judicial sobre la presunta trama de corrupción en torno al expresidente de la diputación Alfonso Rus y un núcleo de colaboradores (entre ellos el exgerente de Imelsa Marcos Benavent o el expresidente provincial Máximo Caturla) vivió ayer una intensa jornada de registros en busca de pruebas que acrediten las supuestas mordidas y facturación falsa. En esta ocasión, el escenario de la intervención policial no fue la sede de la empresa pública Imelsa, en la que Benavent se instaló en 2007 y cuya contratación constituye una de las siete piezas del caso.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron, esta vez, desde Madrid al Ayuntamiento de Valencia para proceder al registro de varias dependencias e incautarse de numerosa documentación. Las minuciosas pesquisas se prolongaron desde las once de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde, tiempo en el que la policía judicial estuvo recopilando expedientes y diversas facturas de la etapa en la que la exconcejala María José Alcón llevó las riendas del área de Cultura. "Se han llevado muchísimas cajas con documentos, algunas no, muchísimas", subrayaron fuentes municipales que fueron testigos de los movimientos de los agentes por el consistorio. Entre los asuntos bajo sospecha se encuentran la limpieza de las Torres de Serranos, la adjudicación del centro cultural La Rambleta, la remodelación de las Torres de Quart o concesiones vinculadas a la Mostra de València.

"Un 2% (...) para dos regalitos"

La UCO, una de las unidades de la policía judicial, ya practicó un exhaustivo registro en la sede de la empresa provincial Imelsa, donde llegó a instalarse casi de forma permanente durante unos días en los que cotejó documentación archivada con la entregada por el exgerente Marcos Benavent, quien dimitió de su cargo y huyó a Ecuador el pasado enero al tiempo que la Fiscalía Anticorrupción investigaba la presunta trama de comisiones. Este caso se abrió a raíz de una denuncia de la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, ante el fiscal. En marzo, el ministerio público elevó la causa al juzgado.

Entre el material en manos del juez destacan las diez horas de grabaciones realizadas por Benavent, todas ellas correspondientes a su etapa anterior a Imelsa. Entre los pasajes que obran en el sumario y cuyo contenido fue adelantado en exclusiva por este diario el pasado 1 de mayo figuran conversaciones de la exconcejala María José Alcón con Benavent en las que se habla del cobro de presuntas mordidas por adjudicaciones municipales.

Así se atestigua en el extracto de la conversación mantenida entre Alcón y Benavent el 23 de diciembre de 2005 en la que supuestamente se habla de cuestiones relativas a las luchas internas por el poder en el PP, pero sobre todo del presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de la Mostra de València. "Sólo hay un 2%: 9.000 euros (...) Para dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas", dice la edil, que lamenta lo que considera un escaso beneficio si se considera que ella adjudicaba.

En la transcripción ofrecida por este periódico se evidenciaba la admiración de la cargo público municipal por Alfonso Rus por lo "bé que parla". La relación de Alcón con el exgerente de Imelsa se remontaba a la etapa en la que Benavent fue colocado en la Fundación Jaume II el Just, a cuyo frente figuraba Vicente Burgos, exesposo de la exconcejala.