El cambio de 'imputado' por 'investigado' llega al Congreso

Todas ellas presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, con las que solicitaban la devolución al Gobierno de los dos proyectos de ley que modificarán la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Unas reformas "reflexivas" y "dialogadas" en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha defendido los objetivos de las mismas: agilizar los procedimientos penales, fortalecer las garantías procesales, promover la regeneración democrática y ser más efectivos en la lucha contra la corrupción.

Aunque no se trata de la modificación integral del procedimiento procesal penal como en un principio planteaba el Ejecutivo, Catalá ha desgranado durante su intervención algunas de las novedades de esta reforma, entre las que destacan la limitación la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos.

Los plazos podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, si bien la instrucción podría prolongarse "sine die" (sin límites) pero siempre a instancias del fiscal y no del juez.

Catalá ha reiterado que debería aplicarse como norma general que "cada delito tuviera un procedimiento" a fin de evitar "eternos procesos judiciales" y "macrocausas que entrañan una dilación inaceptable", al tiempo que aboga por "instaurar una nueva forma de trabajo entre el fiscal y el juez".

El texto sustituye el término 'imputado' por 'investigado' en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación para desterrar, según Catalá, "la carga peyorativa de la que jurídicamente le corresponde".

Se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico, pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa, como así recogía el anteproyecto de ley.

"Quien mucho abarca poco aprieta", ha resumido el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que califica la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de "retoque" y de otra "chapuza jurídica" que, lejos de agilizar los procesos, restará garantías al procedimiento penal.

Convertir al fiscal en "gestor" del proceso no motivará esta agilidad en las causas, ha vaticinado Llamazares, antes de situar el problema en la "complejidad" de las macrocausas y en los pocos recursos humanos y técnicos para afrontarlas.

Una línea compartida por el diputado del PSOE Manuel de la Rocha que tilda la reforma de "brindis al sol, propagandística y completamente ineficaz" porque la modificación no conlleva ningún tipo de inversión.

"Los asuntos se alargan no por la inacción de los jueces, sino porque son complejos y no se tienen medios para llevarlos adelante", ha dejado claro De la Rocha a quien resulta extraño el "poder absoluto" que el Ejecutivo otorga al Ministerio Público cuando no ha sido capaz de cambiar el modelo de investigación procesal y de contar con la figura para ello de un juez de garantías.

En resumen, ha zanjado el diputado socialista: "Más que fortalecer las garantía procesales, se va a un modelo más autoritario que las vulnera y más que agilizar los procedimientos, se da un nuevo bloqueo a los tribunales".

Tampoco convence al PNV la iniciativa de que las intervenciones policiales de las comunicaciones puedan prorrogarse hasta dos años, mientras se fijan plazos a la instrucción, un "desfase llamativo", según el diputado Aitor Estebar.

Más allá han ido la líder de UPyD, Rosa Díez, y el parlamentario de CiU Jordi Jané, pues para ambos la regulación de los "pinchazos" policiales abre "dudas de constitucionalidad".