El caso de los diputados Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo, que cobraron por asesorar a una constructora mientras ostentaban un escaño en el Congreso, ha sacado a la luz pública el debate sobre las incompatibilidades de los diputados y senadores.

En España, la ley establece que la tarea del diputado no puede combinarse con actividades públicas ni, con carácter general, privadas. No obstante, existen excepciones que estudia la Comisión del Estatuto del Diputado, que puede aprobarlas o no. Sin embargo, la ley electoral inidca que el mandato no es compatible con la realización de actividades privadas en los siguientes casos:

-Gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante organismos o empresas públicas de asuntos cuya decisión final esté en manos de estos entes.

-Funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios.

-Partipación de más del 10% en empresas o sociedades con contratos públicos.

-Cargos directivos y prestación de servicios en entidades financieras.

La cuarta parte de los diputados del PP compagina su escaño en el Congreso con el ejercicio de la abogacía y otras actividades profesionales y con responsabilidades en empresas privadas, según figura en las declaraciones de actividades que constan en la Cámara Baja, recopiladas por Europa Press.

Entre estos diputados figuran Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo . Entre los 185 miembros del Grupo Popular constan 23 diputados que tienen permiso de la Cámara para ejercer la Abogacía en paralelo con su actividad parlamentaria, entre los que destacan el propio portavoz, Rafael Hernando; dos de sus adjuntos (Leopoldo Barreda y Agustín Conde); el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, y el portavoz del ramo, José Miguel Castillo Calvín; y el dirigente nacional Juan Carlos Vera, ahora jefe de campaña de Cristina Cifuentes en Madrid.

Entre abogados, profesionales y empresarios suman 48 diputados, lo que supone el 25% del Grupo Popular. Además, hay tres con presencia en asambleas y consejos de entidades financieras. La ley permite ser a la vez diputado y concejal o alcalde, pero prohíbe recibir dos sueldos públicos al mismo tiempo. Salvo dos concejalas del Ayuntamiento de Madrid, el resto de ediles del PP eligió cobrar su sueldo del Congreso, aunque también percibe dietas de sus municipios.

Al margen quedan los 13 diputados con actividades docentes de distinto rango, la decena de patronos de fundaciones, y los 44 que tienen permiso para intervenir en tertulias, participar en seminarios o dar conferencias. Estas actividades son las únicas que partidos como el PSOE y UPyD, defensores de endurecer el régimen de incompatibilidades, estarían dispuestos a autorizar al mismo tiempo que el escaño de diputados.