El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha arrancado hoy su tramitación parlamentaria con el único respaldo del PP y el rechazo de toda la oposición en pleno, que la ha tachado de "represiva" e "innecesaria" ante la defensa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que la ha calificado de "garantista".
Muy suavizada y retocada tras las aportaciones de los órganos consultivos y de otras entidades, la iniciativa sigue sin convencer a los grupos parlamentarios, que han presentado hasta nueve enmiendas a la totalidad para pedir al Gobierno la retirada del texto.
Un proyecto que ha contado con la férrea defensa de Fernández Díaz, que ha reprochado a la oposición no habérselo leído y haber presentado una "caricatura" del texto con "poco rigor" y "con algunas acusaciones sin fundamento".
Porque, a juicio del titular de Interior, la futura ley, que sustituirá a la de 1992, "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".
Frente a estas definiciones, la oposición no ha escatimado críticas al texto. Desde las palabras de la diputada socialista Isabel Rodríguez de que se trata de una "ley de la represión ciudadana" que recuerda a la franquista de 1959 hasta los calificativos de "vergüenza", "lesiva" o una "vuelta más de tuerca" del Gobierno a la intención de "perseguir" la protesta ciudadana.
