Artur Mas ha recalcado en más de una ocasión que no se saltará la ley, aunque de últimas afirmaciones se infiera un claro rechazo a la Constitución de 1978, que ha considerado superada. "El espíritu de la Transición y el pacto constitucional se han evaporado", ha llegado a declarar. La pregunta, en el caso de que la ley de consultas sea suspendida por el Tribunal Constitucional, es si el presidente de Cataluña se inclinará por acepar la decisión o si optará por seguir la voluntad de sus socios de ERC y CUP y mantener la convocatoria del 9N.

En el caso de que Mas desobedezca entraría en juego el Fiscal General del Estado, que podría querellarse contra su Gobierno por desobediencia, lo que podría costarle al presidente catalán su carrera política.

Además, el abogado del Estado podría pedir al TC a declarar nulos de los actos que hayan desoído la hipotética medida cautelar de suspensión. El artículo 4 de la ley orgánica del TC concede al tribunal la competencia de "delimitar el ámbito de su propia jurisdicción y adoptar cuantas medidas considere necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones que la menoscaben".

El denominado por la Generalitat Consejo de Transición alertó de la posibilidad de que el Estado recurra al artículo 155 de la Constitución Española, que prevé la suspensión de la autonomía, aunque con gran ambigüedad. Estos expertos advirtieron también de que en caso de llevar el pulso soberanista hasta el final, Artur Mas se expone a cometer hasta tres delitos: usurpación de atribuciones, prevaricación y desobediencia. El primero de ellos podría acarrear incluso penas de cárcel.

En cualquier caso, la legislación no recoge con un criterio claro cuál es la responsabilidad penal de una Administración que desobedece un fallo del TC.