El asesinato por encargo del alcalde Alejandro Ponsoda costó 50.000 euros. Así se desprende de las investigaciones que ha realizado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que aún mantiene en secreto para garantizar que los presuntos implicados no eludan su responsabilidad ante la justicia. Tanto los seis encarcelados ya por este crimen -están repartidos entre los centros penitenciarios de Fontcalent, Picassent y Villena-, como el alcalde apresado ayer se han declarado inocentes.
De los siete detenidos, tres están considerados autores materiales y los cuatro restantes, cooperadores necesarios, encubridores e inductor.
Entre los testimonios recogidos a varios testigos protegidos y a otras personas con información sobre el caso, los agentes de la UCO averiguaron que dicha cifra de 50.000 euros fue la que se barajó en las reuniones celebradas en el club de alterne Mesalina de Finestrat, donde supuestamente se planeó el asesinato del alcalde de Polop.
Lo que no ha trascendido por el momento es quién pagó y de dónde salieron los 50.000 euros que recibieron los presuntos sicarios encarcelados por la juez de la Vila.
Además del Mesalina, en la investigación de la Benemérita han salido a relucir otros clubes de alterne de la Marina Baixa, en uno de los cuales se habrían realizado los contactos para contratar a sicarios para matar a Ponsoda.
De los siete detenidos por el crimen de Ponsoda, tres han sido acusados, además del delito de asesinato, de otro de tenencia ilícita de armas, presumiblemente porque participaron directamente en la ejecución del alcalde de Polop con dos armas de pequeño calibre.
Se trata de los dos checos arrestados en Benidorm y La Cala de Finestrat, y del presunto delincuente de Albatera cuyo arresto abrió a principios de este mes la cadena de detenciones, y que está pendiente de ser juzgado por tráfico de drogas y por acumular armas de fuego ilegales.
Mientras que los dos checos trabajan o han ejercido de porteros de clubes de alterne, el español frecuentaba estos locales y durante su declaración ante la juez reconoció que frecuentaba la zona de prostitución de la Estrada, situada en el término de Altea y donde trabaja uno de los presuntos implicados. Al parecer, dos de los tres presuntos autores materiales habrían tenido una relación anterior en un presunto caso de extorsión.
Por el momento, ni la Guardia Civil, ni la juez del caso han preguntado en los interrogatorios por los 50.000 euros. En cambio, sí han intentado averiguar de boca de los presuntos implicados cómo se ganaban la vida, los clubes que frecuentaban, si tenían alguna relación con al alcalde ahora apresado y si tenían conocimiento de las supuestas reuniones mantenidas en el interior del club Mesalina, entre otras cuestiones.
Arrestos planificados
El hecho de que aparentemente hayan sido -como aseguró el abogado de un detenido- interrogatorios banales obedece a una estrategia de los investigadores de la UCO para no revelar a los sospechosos las bazas con que cuentan para probar su presunta implicación en el crimen.
De hecho, y pese a la constante filtración a los medios de comunicación de quién o quiénes iban a ser los siguientes en ser detenidos, ninguno de ellos trató de huir. Cada arresto ha ido siendo ejecutado según el plan preconcebido del grupo de Homicidios de la UCO.
Aún así, la ronda de interrogatorios podría repetirse en función de lo que declare Juan Cano cuando le tomen declaración la Guardia Civil, primero, y la juez, después.
Aunque en principio el caso se da por cerrado, las fuentes consultadas no descartan que se produzca alguna detención más en el futuro, cuando los analistas de la UCO destripen los documentos intervenidos en los registros efectuados ayer tanto en el Ayuntamiento de Polop, como en el domicilio del hasta ahora alcalde de Polop.
