Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, más los de CiU y PNV, rubricaron ayer un acuerdo para la Presidencia española de la Unión Europea que por encima de cualquier otro objetivo pretende sentar las bases de la recuperación económica. Los portavoces de los cuatro grupos, José Antonio Alonso, Soraya Sáenz de Santamaría, Josep Antoni Duran i Lleida y Josu Erkoreka, firmaron conjuntamente un pacto, a la postre convertido en una proposición no de ley, que el pleno del Congreso debatirá en diciembre para que España asuma el 1 de enero de 2010 la Presidencia de la UE con las líneas maestras de su gestión ya definidas. Los cuatro han coincidido en remarcar la relevancia que la salida de la crisis tiene en el acuerdo firmado.
Alonso afirmó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presidirá la Unión "en un momento -primer semestre del año que viene- en el que todavía" se dejará notar "una crisis económica brutal", aunque ya se atisban las vías de recuperación en Europa. Sáenz de Santamaría ha situado éste como el objetivo primordial, así como el de crear empleo. Duran i Lleida, por su parte, ha destacado la importancia del pacto para colocar a España "en la cabeza de la salida de la crisis", y en similares términos se ha expresado Erkoreka.
Los representantes del PSOE y del PP, además, han subrayado la unidad de los dos partidos en esta cuestión, mientras que CiU y PNV han diversificado las tareas de trascendencia: Duran ha reclamado la necesidad de reforzar el corredor mediterráneo y Erkoreka ha hablado de fortalecer la operación Atalanta en el Índico para contrarrestar la incidencia de la piratería.
Nueva norma
Por otra parte, ayer el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Extranjería con 180 votos a favor. El Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria apoyaron el texto, frente a la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente votó en contra porque no se incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas. Una de las novedades principales es el refuerzo de las competencias de las autonomías sobre extranjería.
