El Gobierno ha descartado la posibilidad de que los dos piratas que se encuentran detenidos en España por el secuestro del atunero "Alakrana" sean juzgados en Somalia y sigue estudiando la posibilidad de que cumplan su condena en su país de origen, una vez que sean juzgados por la Audiencia Nacional. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha asumido toda la responsabilidad y ha dicho que el Gobierno "ha hecho lo que tenía que hacer".
Desde el Ejecutivo han apuntado que se están estudiando todas las vías posibles para lograr el objetivo de la liberación de los tripulantes del atunero sanos y salvos. Como los secuestradores del Índico han incluido a sus dos compañeros en las negociaciones para la liberación del "Alakrana", quedaría una segunda alternativa, de la que ya el miércoles habló la ministra de Defensa, Carme Chacón.
Según apuntó, entre los esfuerzos jurídicos y legales que se están haciendo se estudia como "una de las opciones" la posibilidad de que los dos piratas somalíes sean juzgados en España y cumplan condena en su país.
Por su parte, De la Vega ha insistido en que el Ejecutivo "ha hecho lo que tenía que hacer", esto es, "cumplir la ley", al detener a los piratas Abdu Willy y Raageggesey y traerlos a España. Además, como coordinadora del Comité que gestiona la crisis, ha subrayado que ella asume "toda la responsabilidad en estos momentos tan difíciles y duros".
"En el mandato de la Operación Atalanta se recoge la obligación de detener a las personas que participen en secuestros de buques, y se establece que las personas detenidas por actos de piratería en alta mar o en costa sean entregadas para su enjuiciamiento con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es España", apuntó.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que el secuestro es a un atunero español y por eso "en cumplimiento de su obligación legal la Armada detuvo a los presuntos delincuentes y por eso el Gobierno, efectuada la detención, obligada según las leyes españolas y las de la Atalanta, comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales competentes a través del abogado del Estado".
Todas las decisiones coordinadas
De la Vega pidió la colaboración de todos y aseguró que "no son buenas las especulaciones ni olvidar quienes son los responsables del secuestro, los piratas". Según destacó, no ha habido ninguna discrepancia en el seno del Comité de Coordinación que ella dirige y en el que "todas las decisiones se han tomado por unanimidad, sin fisuras y con coordinación", y aprovechó para subrayar que ella asume "toda la responsabilidad en estos momentos tan difíciles y duros".
"Las decisiones se fueron tomando conforme se fueron produciendo los hechos. No ha habido polémica, no ha habido debate ni discusión sobre competencia ni jurisdicción. Los hechos se produjeron como hemos dicho y llevaron consigo unas acciones, que ejecutó quien le tocaba. No ha habido sobre este tema en concreto ningún debate porque la ley, nacional e internacional, es muy clara", zanjó.
También resaltó De la Vega que no se planteó en ningún momento el traslado de los dos piratas detenidos a Kenia, ya que "está muy claro que la ley española y la internacional establece claramente que cuando se produce un ataque contra nacionales de un determinado país en un buque de pabellón de ese país, a ese país es al que le incumbe retener a los detenidos". Acerca de si se hubiera hecho si la ley lo hubiera permitido, sentenció que "no se debatió, no estuvo sobre la mesa y no se planteó".
El mandato de la operación Atalanta establece que si el Estado que detiene a los piratas "no puede o no desea" ejercer su jurisdicción sobre ellos puede llevarlos a un tercer país -Kenia-- pero fuentes gubernamentales insisten en que la norma prioritaria es que sean trasladados al mismo Estado, y que así lo deja claro también la legislación española. En todo caso, en el Ejecutivo se extrañan de que se haya abierto este debate sobre el traslado de los dos detenidos a España o a Kenia, teniendo en cuenta que nada hace pensar que su envío a Kenia hubiera simplificado las cosas.
Preguntada sobre si había algún informe de Defensa desaconsejando traer a los detenidos a España, indicó que la detención la llevó a cabo el Estado Mayor de la Defensa con acuerdo a la ley, y matizó que el hecho de "que tenga informes será su funcionamiento normal", pero al Comité sólo llegaron "los hechos que se habían producido".
