La Audiencia Nacional condenó ayer al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de prisión -8 años por el delito de apropiación indebida y 3 años por falsedad documental-, y consideró a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios de un perjuicio de 87,99 millones de euros, más los intereses desde 2001. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal leyó de forma pública el fallo de la sentencia de 592 folios, en la que absolvió a 6 personas y condenó a otras 8 personas, a las que impuso un total de 52 años de cárcel.
El tribunal presidido por Carmen Paloma González considera que los condenados despatrimonializaron la sociedad Gescartera, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes.
En concreto, los jueces señalan que los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".
En concreto, destacan la responsabilidad de Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna, condenado a diez años y medio, y el subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor, condenado a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en 6 años al ser cooperador necesario.
Por su parte Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a 9 años de cárcel por apropiación indebida (7 años) y falsedad documental (2 años). Una de las personas que se mostró más turbada durante la lectura del fallo fue la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, condenada a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida.
Por su parte, los empleados de La Caixa José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, también fueron condenados a 3 años de prisión por ser cómplices de apropiación indebida.
El tribunal también ha considerado a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los perjuicios a clientes, valorados en 87,99 millones de euros o 14.641 millones de pesetas. A esa cantidad hay que añadir los intereses legales devengados desde la fecha de intervención de Gescartera (4 de junio de 2001), que podrían elevar considerablemente la cuantía final.
Como medidas cautelares, el tribunal ordenó la entrada en prisión por riesgo de fuga tanto de Antonio Camacho, que no llegó a cumplir tres años de prisión, como de José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil.
