La comunicación del magistrado se produjo el pasado viernes, después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le trasladara un auto en el que autoriza la entrega de Cavallo a Argentina y acuerda el archivo de la causa que se seguía en la Audiencia Nacional. Esta decisión se adoptó después de que el Consejo de Ministros aprobara su extradición en la reunión que celebró el pasado 29 de febrero.

En el auto dictado el pasado viernes, la Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, argumenta su decisión en el "locus delicti", es decir, en la necesidad de dar "absoluta prioridad del fuero del lugar de comisión de los hechos y la necesidad unida en el enjuiciamiento de otros procesados".

La entrega de Cavallo a Argentina ha sido posible una vez que el juez Andreu recibiese el pasado 7 de febrero la autorización de México, ya que fue este país el que le detuvo en 2000 y tres años después, el 26 de junio de 2003, lo extraditó a España a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para juzgarlo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Desde el 1 de febrero de 2007 Cavallo se encuentra en la cárcel por orden de Andreu, ante quien compareció de manera voluntaria un día después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le dejase en libertad tras haber permanecido en prisión desde su detención en México en agosto de 2000.

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

Cavallo está acusado de formar parte del grupo de personas que durante la dictadura militar cometieron delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se produjo la privación de libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas.

El ex dirigente argentino podría haber sido juzgado en España por estos crímenes después de que el pasado 17 de julio 2007 el Tribunal Supremo reconociese la legitimidad de la Audiencia Nacional para juzgar este caso al rechazar la cesión de jurisdicción en favor de Argentina que acordara en su día la propia Audiencia Nacional.

El Supremo estimó los recursos presentados por la Fiscalía y las numerosas acusaciones personadas en la causa contra un auto de la Audiencia Nacional que previamente había estimado la pretensión de Cavallo de ser extraditado a su país de origen, para ser allí enjuiciado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para el presunto represor entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.