Este es el tope de gastos electorales subvencionables de acuerdo a la orden del Ministerio de Economía y Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado que actualiza la cuantía de ayudas fijada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El límite para la campaña con motivo de los comicios del 9 de marzo será el resultante de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes de todas las provincias donde se presente cada partido.
Con este criterio, para las formaciones nacionalistas, como CiU, que sólo concurre en Cataluña, la cifra máxima será de 2,6 millones de euros, la misma aplicable a los republicanos de ERC.
En el caso de los nacionalistas vascos, como el PNV, el tope baja a los 792.488 euros, en tanto que los nacionalistas gallegos del BNG, que únicamente presentan candidatos en las circunscripciones de Galicia, su máximo gasto subvencionable será de 1.025.837 euros.
Estas cifras resultan de aplicar los últimos datos oficiales de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales España tiene 45.200.737 habitantes.
El dinero que recibirá del Estado cada partido se determinará de acuerdo con sus resultados en las elecciones. Por cada voto en el Congreso recibirán 0,79 euros y por cada papeleta en el Senado, 0,32 euros, siempre y cuando obtengan al menos un diputado o senador.
Además, por cada escaño en cualquiera de las dos Cámaras se verán recompensados con 21.167,64 euros, según la misma Orden ministerial.
La LOREG especifica en su artículo 130 que los gastos objeto de subvención sólo estarán comprendidos en el período que media entre la convocatoria electoral y la proclamación de electos.
Se trata de la confección de sobres y papeletas electorales, la propaganda dirigida a promover el voto a sus candidaturas, el alquiler de locales para actos de campaña o las remuneraciones al personal no permanente que da apoyo a las candidaturas.
Igualmente, el Estado abonará los gastos de transporte y desplazamiento de candidatos y dirigentes de los partidos, asociaciones de electores, federaciones o coaliciones concurrentes, la correspondencia de estas formaciones y los intereses de los créditos que hubieran percibido para la campaña.
Los partidos tienen además derecho a recibir subvenciones por el envío directo a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral, por un importe de 0,21 euros por cada elector de las circunscripciones donde se presenten.
En este caso se añade otro requisito: que la candidatura obtenga el número de diputados, senadores o votos necesarios para formar grupo parlamentario en cada una de las dos cámaras legislativas.
Por este concepto, los tres principales partidos de ámbito nacional -PP, PSOE e IU- podrán recibir hasta 7.364.129 euros cada uno.
Las fuerzas políticas que se presenten únicamente en Cataluña, como CiU y ERC, dispondrán de 1.118.161 euros.
En el caso del PNV, el otro partido con posibilidades de formar grupo parlamentario propio en el Congreso y en el Senado, la cuantía estimada será de 365.178 euros, en atención a los electores de las tres provincias vascas.
La legislación electoral prevé la posibilidad de que el Estado conceda adelantos de todas estas subvenciones, cuyo montante no excederá el 30 por ciento de las que percibieron en las últimas elecciones generales.
Según el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de la fiscalizar la contabilidad de los partidos, en la campaña electoral de 2004 todos ellos gastaron 57,2 millones de euros, de los cuales 34,8 millones correspondieron a gastos ordinarios y a envíos por correo no subvencionables y 22,4 millones a gastos subvencionables.
Unión del Pueblo Navarro (UPN) fue la única formación que entonces superó el límite de gastos autorizado; el PP justificó 12.456.996 euros de gastos ordinarios y 6.138.290 de propaganda.
Las operaciones del PSOE justificadas se elevaron a 10.640.599 euros, además de otros 5.253.191 por envío de propaganda; el PSC, con contabilidad separada, presentó unos gastos de 1.800.914 euros y 937.078 por propaganda.
