El escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, acusa al alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU), los entonces concejales del PP José del Castillo y Enrique Fraile, Aureliano Lucas (PA) y al empresario Eusebio Gaviño de un delito de cohecho por ofrecer un "beneficio económico" a la concejala de IU María del Carmen Lobo, para que ésta "volviese" al Equipo de Gobierno.

El documento, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, recoge que el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) en el año 2005 y los anteriores, como consecuencia de una serie de "vicisitudes políticas" se encontraba en una situación de "práctica paralización", que se produjo por estar el Equipo de Gobierno en minoría y añade que le era imposible adoptar medida alguna que precisara la aprobación del Pleno del Consistorio.

Según el fiscal, tras algunas reuniones sostenidas por todos los acusados con Francisco Gordo Vázquez, "debido a la influencia política" que los acusados consideraban mantenía sobre María del Carmen Lobo Sánchez, "se abordó el beneficio económico que percibiría, no determinado y cambiante según los proyectos llevados al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación", si ésta votaba favorablemente a la aprobación en el Pleno.

Añade que desde que comenzaron las reuniones, Francisco Gordo las puso en conocimiento de María del Carmen Lobo, y decidieron ambos que fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta donde estaban dispuestos a llegar.

Tras algunas reuniones más el imputado Eusebio Gaviño -reseña el escrito de acusación- se citó con María del Carmen Lobo en la noche del 12 de septiembre de 2005, hecho que se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y durante la reunión, el acusado le entregó 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento de Camas que se celebraría al día siguiente, 13 de septiembre.

La Fiscalía recoge que el día 13 de septiembre de 2005, María del Carmen Lobo votó en el Pleno Municipal del Ayuntamiento en contra de los puntos para cuyo voto favorable había recibido los 12.000 euros.

Por estos mismos hechos, la acusación particular ha pedido dos años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público para los cuatro acusados, además de una multa de 36.000 euros, el triple de la cantidad que presuntamente se entregó como soborno, según prevé la ley.