Entre las actividades que llevaba a cabo este grupo se encuentran la explotación laboral de sus empleados, que en muchos casos no estaban dados de alta en la Seguridad Social y a los que incluso llegaron a cargar las múltiples deudas que las empresas contraían.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un trabajador de estas empresas, que figuraba en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife como deudor de más de 500.000 euros a la Seguridad Social, por motivos que él desconocía.
Los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (E.C.O.) de la Guardia Civil de Canarias investigaron las actividades de este grupo de empresas dedicadas a la hostelería, mediante una cadena de restaurantes, todas deudoras, pudiendo constatar que se trataba de un grupo perfectamente organizado y estructurado desde hacía casi 10 años.
Cada una de las empresas de este grupo cometía un gran número de irregularidades relativas a los derechos de los trabajadores, llegando a tener empleados sin permisos de residencia, sin contrato de trabajo y sin alta en la Seguridad Social.
La organización disponía de una oficina con apariencia de gestoría, encargada de las gestiones relacionadas con los empleados, a los cuales, en ocasiones no se les pagada, se les descontaban las vacaciones o días de baja, se les pagaba en varias veces y se falsificaban las nóminas y otros documentos para que pudieran pedir préstamos, cobrándoles posteriormente por ello.
En otras ocasiones, a cualquiera de estos trabajadores se le inscribía como administrador único de la empresa, sin su consentimiento y sin comunicarle esta circunstancia, por lo que le hacían responsable de las deudas.
Todas estas empresas remitían los beneficios obtenidos a una única empresa legal, que se mantenía al margen de estas actividades fraudulentas y que era la titular de todas las propiedades, para así blanquear el capital conseguido.
LEY SALUD PÚBLICA.
Por otra parte, disponían de un local de catering que carecía de cualquier tipo de autorización y de las correspondientes medidas sanitarias, en la que se podrían haber elaborado comidas y salsas con productos caducados y no aptos para el consumo. Este local fue registrado con la colaboración de inspectores de sanidad, que detectaron multitud de infracciones administrativas a la Ley de Salud Pública.
Durante el desarrollo de la operación se llevaron a cabo 19 registros en oficinas, domicilios, restaurantes y locales de este entramado, en los que participaron inspectores de trabajo, con el fin de comprobar la situación laboral de los trabajadores y los posibles delitos contra los derechos de los mismos. Los registros concluyeron con la detención de los 23 integrantes de la red, así como de otras 3 personas por encontrarse en situación irregular en España.
A raíz de estos registros se han precintado 14 restaurantes y 2 locales de alterne, y se han intervenido 5 ordenadores, 14.000 euros en efectivo y abundante documentación.
