Moratinos analizará el estado de las relaciones bilaterales con Bertone y Mamberti, quienes fueron nombrados recientemente por el Papa Benedicto XVI para los citados cargos sucediendo a Angelo Sodano y Giovani Lajolo respectivamente.
La Santa Sede y el Gobierno español tienen previsto ultimar este mes la instrumentación jurídica del nuevo sistema de financiación y la derogación de los beneficios fiscales por Impuesto del Valor Añadido (IVA).
Asimismo, siguen en negociación las disposiciones adicionales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), relativas a la asignatura de Religión y su profesorado, respectivamente. También mantienen Iglesia-Estado posturas enfrentadas en relación a la Asignatura de Educación para la Ciudanía. Al respecto, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Toledo, cardenal Antonio Cañizares, concluyó la semana pasada, tras la celebración de unas jornadas de reflexión sobre esta asignatura en la Casa de la Iglesia que "sólo cabe que se retire" o "habrá que movilizarse en los niveles de opinión pública y de objeción de conciencia".
Por otra parte, el embajador español ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, aseguró la semana pasada que la radio COPE es "una china en las relaciones Iglesia-Estado, y para muchos católicos, cuando desde el medio de la Iglesia se ataca a instituciones importantes y bien valoradas por el Vaticano, como la Corona".
En esta línea, también señaló que la emisora es la "única contradicción" que tiene la Iglesia en España ya que mientras "los sacerdotes orientan moralmente a los feligreses desde los púlpitos de acuerdo con los valores eclesiásticos", la COPE "transmite mensajes que nada tienen que ver con el Evangelio o con las posiciones de la Conferencia Episcopal".
LOS BIENES DE LA FRANJA
Asimismo, el jefe de la Diplomacia española podrá abordar con los responsables de la Santa Sede el asunto de los 113 bienes religiosos de parroquias de la Franja oriental de Aragón custodiados en el Museo Comarcal y Diocesano de Lérida.
En este sentido, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, se entrevistará al día siguiente con representantes del Vaticano en Roma para transmitir a la Santa Sede la preocupación de la comunidad aragonesa por la decisión del Obispado de Lérida de no devolver, por ahora, estos objetos.
Iglesias entregará a los representantes del Vaticano una carta pública redactada por la Comisión Permanente de la Asamblea de alcaldes de la Franja, formada por el primer edil de Graus, Ramón Miranda, el alcalde de Isábena, Alberto Lamora (PP), la alcaldesa de Zaidín, María Teresa Font (PAR) y el primer edil de Tamarite de Litera, Francisco Mateo (PSOE).
El presidente aragonés acudirá a Roma apoyado, en este asunto, por representantes de los alcaldes de la Franja en cuyos municipios se encuentran las parroquias de las que algunos bienes histórico-religiosos fueron depositados en la que durante siglos fue la capital de su Diócesis, la ciudad de Lérida. El pasado 2 de noviembre, Iglesias recabó el apoyo de los responsables de PP, PAR, CHA e Izquierda Unida, en una reunión celebrada en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés.
La tesis manejada oficialmente desde los partidos políticos de Aragón, en general, es que la sociedad y las instituciones deben seguir los pasos del Obispado de Barbastro-Monzón (Huesca), diócesis a la que pertenecen desde 1995 las parroquias afectadas por este litigio y cuyo titular, monseñor Alfonso Milián, impulsa la construcción --con dinero de la Diputación General de Aragón-- del Museo Diocesano que albergará las piezas. Izquierda Unida, por su parte, siempre ha considerado que este asunto debe salir del terreno de juego político y resolverse sólo dentro de la Iglesia.
Por su parte, el obispo de Lérida, monseñor Francesc Xavier Ciuraneta, ha contado siempre con el apoyo de los partidos políticos catalanes y de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat de Cataluña, también del tripartito PSC-ERC-ICV, en sus dos ediciones. El Gobierno de Pasqual Maragall recordó, en el momento oportuno, que los bienes de la Franja, como el resto de las obras de arte del Museo de Lérida, están catalogados, lo que obliga a intervenir a la Administración autónoma catalana.
