La entidad denuncia que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), pese a las últimas enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios en las Cortes, "viola el derecho comunitario" al contemplar la figura de la "concesión de servicios" con la que, a su juicio, el Consell pretende eludir las Directivas de contratos públicos de obras y a la de contratos públicos de servicios.

El vicepresidente de la Asociación Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent, analizó en rueda de prensa, junto a los responsables de sus servicios jurídicos, las consecuencias jurídicas del dictamen motivado emitido por la Comisión Europea y las recomendaciones del Parlamento Europeo (PE) para que se aplique una moratoria en las actuaciones urbanísticas hasta la aprobación de la LUV.

La entidad estima que, durante los últimos 11 años, entre 15.000 y 20.000 particulares podrían haberse visto afectados por la LRAU, la mayor parte de los cuales sería de nacionalidad española y unos 5.000 ingleses, alemanes u holandeses residentes en la Comunidad Valenciana.

El coordinador del equipo de la Asociación, Jaime Sendra, consideró "lógico" que la Generalitat, de acuerdo con las recomendaciones del PE y en ejercicio de su responsabilidad patrimonial, "empiece a indemnizar a las víctimas", que en caso contrario comenzarán a tramitar sus reclamaciones vía administrativa y judicial.

Para ello, la Asociación pondrá a disposición de los afectados a partir del próximo lunes un servicio telefónico y una web (www.victimaslrau.com), a través de los cuales ofrecerá información y centralizará el número de casos, que deberán estudiarse de forma individualizada a la hora de establecer la indemnización.

Por otro lado, el profesor de la Universidad Carlos III de Derecho Comunitario Bernardo Hernández afirmó que la LUV continuará "violando el derecho comunitario" a no ser que se introduzcan en el texto normativo enmiendas correspondientes antes de su aprobación, previsiblemente el próximo día 22.

A pesar de que la nueva norma corrige algunos de los "defectos" contenidos en la LRAU, Hernández señala que con la figura prevista en la LUV de "concesión de servicio público", el Consell "pretende eludir el cumplimiento" de las Directivas europeas de contratos públicos de obras y a la de contratos públicos de servicios.

Subrayó que no tiene cabida en esta norma una figura de "concesión", que implica la existencia de una explotación posterior una vez se ha ejecutado la obra, porque en una actuación urbanística, dijo, "no hay nada más que explotar después y percibir el precio", y anunció que si la LUV "se aprueba en esos términos, la Asociación volverá a formular la correspondiente denuncia por violación del derecho comunitario".

Recordó que la LRAU también vulnera la normativa de contratación pública de la UE al presentar tres "defectos" básicos por los que ha sido denunciada por las instituciones comunitarias, el primero de los cuales se refiere a la posibilidad de que "se permita a un empresario, sin acreditar la más mínima solvencia económica, presentarse a ejecutar Programas de Actuación Integrada (PAI) de hasta seis millones de euros", apuntó Hernández.

La Asociación también criticó la "falta de transparencia" en el procedimiento de licitación estipulado por la LRAU, a través de "plazos brevísimos que imposibilitaban que otro eventual licitador pudiera presentarse" y por la "falta de publicidad en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas", mientras que, en tercer lugar, el dictamen de la Comisión LRAU se basó en la inexistencia de un "precio cierto" para los proyectos urbanísticos, algo "insólito en materia de contratación pública", añadió Hernández.

Climent, por su parte, se felicitó de que la Comisión y el Parlamento Europeo "hayan tomado en serio" las reivindicaciones de la entidad, que después de no haber recibido "ninguna respuesta" por parte de los tribunales ni responsables políticos estatales y autonómicos, "no tuvo más remedio que hacer lo que dicen que es lo fácil", en alusión a presentar una denuncia ante las instituciones comunitarias.