Los responsables de varias empresas que según el fiscal pertenecían al "entramado financiero" de ETA negaron ayer haber proporcionado fondos a la banda terrorista a través de ellas, y aseguraron que sus sociedades "tenían pérdidas". La segunda sesión del juicio a 56 presuntos miembros de organizaciones del entorno de ETA que se celebra en la Audiencia Nacional transcurrió sin incidentes después de que la presidenta del tribunal impidiera al acusado José Luis García de Mijangos hacer lo que se suponía iba a ser un nuevo alegato sobre el carácter político del proceso.

Fue cuando, después de anunciar que no iba a contestar ni al fiscal ni a la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogada le pidió que explicara los motivos de esa actitud, momento en el que la magistrada Ángela Murillo declaró impertinente la pregunta y afirmó que al tribunal no le interesan los motivos de los acusados para no responder.

Según el fiscal, tanto García de Mijangos, a través de la mayorista de viajes GANEKO, como José Antonio Díaz Urrutia y Juan Pablo Diéguez a través de GADUSMAR, dedicada a la comercialización de bacalao, contribuyeron a la financiación de ETA.

García de Mijangos, ex administrador único de GANEKO, nombre empresarial de la mayorista de viajes Untzorri Bidaiak, aseguró que comenzó a trabajar con esta empresa a petición de un compañero de escalada, actividad de la que era aficionado, y que sólo se dedicaba a la actividad turística. El acusado, para quien el fiscal pide doce años de prisión por un delito de integración en banda armada, aseguró que "nunca" tuvo conocimiento del denominado 'proyecto Udaletxe' para la financiación de ETA y añadió que era "imposible" que GANEKO aportara fondos a la banda terrorista porque, según afirmó, "sólo tenía pérdidas".

José Antonio Díaz Urrutia negó ser el gestor de cuentas de KAS, tal y como recoge el fiscal en su escrito de conclusiones.