Según informaron fuentes jurídicas, una de las causas, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3, se refiere a la manifestación celebrada en Bilbao el 20 de septiembre de 2003 durante la que se homenajeó al etarra Arkaitz Otazua, muerto en un tiroteo con la Ertzaintza ocurrido una semana antes en el Alto de Herrera (Alava).

La Fiscalía del TSJPV presentó una querella contra Otegi y contra los también parlamentarios Jone Goirizelaia y Araitz Zubimendi por los delitos de manifestación ilegal y enaltecimiento terrorista.

Para la Fiscalía, la manifestación, celebrada bajo el lema "No apartheid, autodeterminazioa", tuvo desde su mismo inicio "la finalidad de convertirse en un acto homenaje" a Otazua.

El fiscal dirigió la querella a la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV porque estos tres querellados eran aforados en esta comunidad, pero el tribunal ha decidido ahora -una vez que han perdido esta condición al no revalidar sus escaños en las elecciones del pasado 17 de abril- remitir la causa a la Audiencia Nacional, donde seguirá instruyéndose, ya que faltan algunas diligencias por practicar.

Las fuentes consultadas señalaron que la otra causa remitida por el TSJPV, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y que también se refiere a un delito de enaltecimiento del terrorismo, está prácticamente concluida, por lo que en breve se elevará a la sala para su enjuiciamiento.

El pasado día 4, Arnaldo Otegi fue condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por un delito de injurias graves al Rey al haber dicho del monarca en una rueda de prensa, el 26 de febrero de 2003 en San Sebastián, que era "el responsable de los torturadores".

Según el Alto Tribunal, estas expresiones son claramente ultrajantes y atentatorias para la honorabilidad del monarca y "en modo alguno están justificadas por el legítimo ejercicio del derecho de libertad de expresión".

Además, el próximo 22 de noviembre el Supremo deliberará sobre el recurso de Oregi contra otra sentencia del TSJPV que le condenó a quince meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por sus declaraciones en el entierro de la etarra Olaia Castresana.