La práctica totalidad de las viviendas ocupadas ilegalmente en Jun (Granada) habían sido abandonadas en torno al mediodía de forma voluntaria y sin incidentes, bajo la supervisión de la Guardia Civil, que inició ayer la operación de desalojo de los pisos en cumplimiento del auto dictado antenoche.
Miembros de la policía judicial de la Guardia Civil comenzaron sobre las 10.00 horas a comunicar puerta a puerta la orden de desalojo dictada por la juez del Juzgado de Instrucción 8, basada en un posible delito de usurpación, mientras que medio centenar de agentes de la Unidad de Intervención Rápida de la Comandancia de Granada velaban por que todo transcurriera con normalidad.
Según informaron fuentes del instituto armado, la orden recibida era la de efectuar el desalojo con luz diurna ayer, por lo que los ocupas comentaron que todos sabían que tenían que dejar sus viviendas, aunque no esperaban que fuera "de inmediato" y solicitaron más tiempo para recoger sus pertenencias y buscar otro alojamiento. Algunos de los 'okupas' optaron por trasladar sus pertenencias a la calle, varios ante las puertas del Ayuntamiento de Jun, que permanece cerrado, para reclamar así que se les dé un techo bajo el que cobijarse.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, explicó en conferencia de prensa que "prácticamente la mitad de las personas que estaban en el interior de estas viviendas ocupadas comunicaron a la Guardia Civil su decisión de abandonarlas", mientras que, en otros casos, los agentes se encontraron con las casas ya vacías y las puertas abiertas.
Aunque según fuentes del instituto armado la operación se da prácticamente por concluida, López Garzón indicó que "oficialmente hay cuatro o cinco viviendas que tienen un candado en la puerta", por lo que los agentes están intentando localizar a sus ocupantes para instarles al desalojo o, de lo contrario, "se procederá a la retirada de los candados y cumplir el auto de la juez".
El delegado confió en que el desalojo, que en un principio transcurría sin incidentes -salvo los "reparos" que ponía algún habitante para irse del piso, alegando que no tienen otro sitio donde ir-, "se haga de la forma más pacífica posible y que a lo largo del día quede la situación básicamente resuelta".
No obstante, "puede ocurrir que alguna vivienda, por el número de enseres que pudiera tener, haya que desalojarla entre el final de la tarde y mañana por la mañana", puntualizó. Aunque en el auto de la juez constaban inicialmente 20 viviendas ocupadas ilícitamente, se comprobó que dos de ellas estaban repetidas, lo que "fue constatado por la Guardia Civil".
López Garzón señaló que a la Delegación del Gobierno las únicas denuncias que le constan son "las de personas que, ante el clima de inseguridad creado por la ocupación ilegal, decidieron abandonar el bloque, pero no de nadie que haya sido desalojado a la fuerza", en alusión a versiones en este sentido del alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas (PSOE).
El delegado del Gobierno en la comunidad defendió la "absoluta corrección" con la que el subdelegado, Antonio Cruz, ha actuado en este suceso, ante la petición de dimisión formulada por el PP, por el "vacío judicial" creada entorno a esta ocupación ilegal de viviendas. Aseguró que Cruz ha actuado "consciente de que un presunto delito como éste tiene que ser denunciado a instancias de parte para actuar judicialmente", y subrayó que mientras el auto judicial llegaba "ha garantizado en todo momento la presencia de la Guardia Civil".
