La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Cámara de Comercio de Cartagena contra una resolución de la Dirección General de Transportes de la Generalitat, de fecha 15 de julio del 96, sobre la recogida de pasajeros en los aeropuertos de El Altet en Elche y de Manises. En dicha resolución se amparaba a los taxistas de dichas localidades en su derecho de ofrecer este transporte público en exclusiva, frente a la ingerencia de los profesionales procedentes de otras poblaciones, incluyendo los de la Región de Murcia. El conflicto que ahora, al cabo de siete años y medio de pleito, cierra la sentencia del Tribunal Supremo, supuso movilizaciones de los profesionales de Elche en contra de compañeros de otras poblaciones, no sólo de la Región de Murcia, sino de la provincia de Alicante, que obligó al Cuerpo Nacional de Policía a montar un servicio de vigilancia permanente en las instalaciones para evitar que se produjeran altercados.

La Cámara de Comercio de Cartagena, que defendía los intereses de los taxistas de Murcia, argumentó en su recurso que la resolución de la Dirección General de Transportes chocaba contra una serie de principios defendidos en la Constitución, como son la libertad de empresa y economía de mercado (artículo 38), la libertad de circulación (artículo 139.2) y, en especial, sobre distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de transporte terrestre (artículo 149.1.21). Es decir, para la Cámara de Cartagena la Generalitat Valenciana había legislado una materia que, según mantenía en su recurso, correspondía al Estado y por tanto era nula de pleno derecho.

El Tribunal Supremo declara en la sentencia, "la competencia de la Administración de la Generalitat Valenciana para regular el transporte público de viajeros de automóviles de turismo por su carácter urbano o interurbano" y apela a una sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual se establece que para el transporte intracomunitario, "la regla general es que cada comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en la materia". La sentencia recuerda que "el principio que rige es que los servicios deben tener su origen en el municipio que les haya otorgado la correspondiente licencia municipal o en el que en su caso estén residencialos los vehículos, ya que estas licencias son de radio de acción limitado".