Levantado un parte de infracción por las obras en la Hacienda Riquelme: la constructora podría tener que dejar el inmueble como estaba

Los servicios municipales levantan un parte de infracción a raíz de las obras en la Hacienda Riquelme, un palacete rural que cuenta con protección patrimonial y que en la actualidad queda integrado en el interior de la urbanización residencial y de golf del mismo nombre ubicada en la pedanía murciana de Sucina.

Los trabajos desarrollados en el inmueble protegido por parte de la empresa inglesa Lonrah han derivado en la apertura de un expediente disciplinario urbanístico, proceso que podría obligar a la constructora a dejar el inmueble del complejo palaciego tal y como se encontraba antes de las obras con las que se ha abierto un gran ventanal en uno de los muros exteriores. De hecho, los escombros resultantes de derribar el muro continúan a día de hoy junto al inmueble, en un contenedor de obras.

Además, con los trabajos que se estaban desarrollando se revistieron las paredes blancas con placas de mármol negro, aunque el inmueble cuenta con el nivel 2 de protección dentro del inventario de bienes catalogados del Ayuntamiento de Murcia, lo que obliga a conservar la estructura y la fachada del edificio.

Y cabe señalar que no es la primera vez que se incumplen estas obligaciones en materia de protección patrimonial, pues ya en la otra cara del inmueble, que da al patio interior del complejo palaciego, se abrió en 2022 un espacio en el muro para instalar la puerta de acceso a la oficina de la constructora.

Inspección

Aunque el Consistorio aseguró que envió una inspección al lugar en cuanto tuvo conocimiento de la noticia, el viernes de la semana pasada, los técnicos municipales no acudieron al complejo urbanístico hasta este lunes. Cuando llegaron, las obras no pudieron paralizarse, pues ya habían concluido.

Según informaron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión de Murcia, los operarios que se desplazaron al lugar realizaron una preinspección y abrieron el expediente disciplinario urbanístico. De hecho, la constructora publicó ese mismo día una publicación en Facebook (ahora borrada) en la que relataba: "Alguien ha llamado a la policía a investigar nuestra oficina -dos agentes muy amables vinieron a pedirnos documentación y la licencia de obras-, y todo terminó con sonrisas y apretones de mano. Aun así, esto prueba que la nueva oficina es muy visible".

Una vez iniciado el expediente, queda abierto un plazo de 15 días hábiles (es decir, tres semanas) para que la constructora aporte los permisos y la documentación pertinente.

Por su parte, los técnicos municipales están elaborando un informe sobre lo ocurrido y, una vez concluido el documento, se elaborará un expediente y se iniciará el procedimiento sancionador pertinente.

Y, si los responsables de las obras no pueden demostrar que los trabajos ejecutados se ajustan a los permisos obtenidos y a la protección patrimonial que salvaguarda el inmueble, tendrían que devolver el edificio "a su estado original", explicaron desde el Consistorio.

La inspección requirió a la constructora que aporte los permisos de obras concedidos para comprobar si la actuación ejecutada se ajusta a ellos, entre otra documentación que la empresa deberá aportar de cara a la auditoría para resolver el expediente disciplinario urbanístico.