La bajada de precio del transporte público en las pedanías de Murcia se hará efectiva en un mes

La ordenanza que fija las tarifas del transporte público en Murcia fue aprobada inicialmente en la última sesión plenaria y Vox denuncia la "incoherencia" que supone dar el visto bueno a este documento cuando el contrato para el servicio permanece suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Aunque, en respuesta, fuentes del Ayuntamiento indicaron que "no tiene sentido esperar para bajar el precio". De hecho, aseguraron que la equiparación del precio de los viajes en la ciudad y en pedanías se hará efectiva "de forma inmediata" tras la aprobación definitiva de la ordenanza, algo que podría ocurrir en el Pleno municipal de este mes tras resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.

Desde Vox señalan que "no tiene sentido aprobar las tarifas cuando no se sabe aún el coste real del servicio". De hecho, en el mismo sentido se expresó el portavoz de la formación, José Mariano Orenes, hace unos días a esta redacción: "La ordenanza fija precios y derechos de los usuarios sin tener garantizada la viabilidad del servicio ni cerrado el contrato que debe soportarlos", explicó.

Desde Vox, declararon que echaban en falta un estudio de impacto económico y conocer cómo se financiará el servicio, una denuncia que ahora hacen pública mediante un comunicado.

Críticas

La nueva ordenanza "se aprueba en un contexto de enorme incertidumbre jurídica y económica", cuestionan los de Abascal en el escrito, pues el contrato para el servicio, que salió a licitación por un importe de 731 millones, "está paralizado tras los recursos presentados por empresas del sector y por el sindicato UGT, que ha advertido de graves deficiencias en las condiciones laborales y en el diseño del pliego".

"Quieren que se apruebe lo que van a pagar los vecinos sin saber aún quién va a prestar el servicio, en qué condiciones reales va a prestarlo y a qué coste final tendrá para las arcas municipales", señalan desde el grupo municipal de Vox.

Asimismo, los de Abascal cuestionan que el contrato de transporte urbano "reconoce abiertamente que es deficitario y obligará al Ayuntamiento a aportar más de 300 millones de euros en la próxima década para cubrir el déficit de explotación".

A esto se suma "un coste de personal que supera los 235 millones de euros y un beneficio industrial garantizado del 6 por ciento para la empresa adjudicataria, mientras los usuarios siguen soportando subidas encubiertas y un servicio que no ha demostrado mejoras reales", agregaron.

El grupo de la oposición recuerda que en la Comisión de Hacienda celebrada en enero ya se advirtió de que la ordenanza de tarifas debe analizarse "ligada al contrato, a su equilibrio económico y a la legalidad del procedimiento", por lo que aprobar ahora las tarifas supone, a juicio de Vox, "trasladar a los ciudadanos la factura de un modelo de transporte mal planificado y jurídicamente en el aire".