Pleno del Ayuntamiento
Una década de lucha vecinal dan frutos para legalizar más de 1.200 viviendas en Murcia: "No hay justificación"
El presidente de la urbanización Joven Futura, en Espinardo, asegura que seguirán "de forma insistente velando por el cumplimiento de los plazos"
Los vecinos de Joven Futura se manifiestan frente al Ayuntamiento de Murcia el día del Pleno ordinario de octubre. / L.O.
Miles de vecinos de la urbanización Joven Futura, en la pedanía murciana de Espinardo, vieron en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia los frutos de más de una década de lucha. El avance de la modificación del Plan General para regularizar más de 1.200 inmuebles se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en la sesión plenaria celebrada este jueves.
El avance de la modificación, que ya recibió el visto bueno en la última comisión de urbanismo, supone el inicio del proceso para sacar del limbo jurídico a las viviendas y para materializar algunas de las históricas reivindicaciones de los vecinos, como son la construcción de un carril bici y de una acera para conectar la zona con el núcleo urbano de Espinardo, así como la mejora de los equipamientos previstos, como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales, así como parques y zonas verdes.
Sin embargo, "no tienen justificación estos diez años de retraso en alcanzar la solución", afirmó el presidente de la asociación vecinal, Chencho Mateos, por lo que aseguró que los residentes de Joven Futura seguirán "de forma insistente velando por el cumplimiento de los plazos que culminen con los compromisos adquiridos".
Mateos destacó "el coraje de los vecinos que llegaron a realizar diversas concentraciones, la última, el pasado 26 de septiembre frente al Ayuntamiento haciéndola coincidir con el Pleno ordinario de septiembre y, a través de la cual, consiguieron el compromiso de presentar en este Pleno una solución que se ha hecho esperar más de una década".
El Ayuntamiento matizó en un comunicado que la propuesta aprobada en Pleno inicia un nuevo expediente urbanístico para adecuar la ordenación al estado actual de la urbanización, después de que la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 dejará sin efecto la modificación previa. El motivo: la ausencia de un informe obligatorio, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Ahora, el avance se somete a información pública durante un mes, para que vecinos y entidades puedan presentar sugerencias.
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