Policial
La Policía Local de Murcia sanciona tan solo a 11 agentes en seis años
La Justicia da la razón a un agente suspendido de forma injusta y obliga al Ayuntamiento a que lo indemnice con 21.000 euros, más intereses

Agentes condecorados por San Patricio, patrón del cuerpo. / JUAN CARLOS CAVAL
La Policía Local de Murcia ha iniciado en los últimos seis años solamente 27 expedientes a agentes, de los cuales solo 11 acabaron en sanción, indican desde el cuerpo, que tiene una plantilla de 600 efectivos. Se abren «unos cuatro expedientes anuales», detallan.
Las razones, «negligencias o pérdida de material reglamentario», entre otras. «Catorce, por diferentes motivos, se archivaron sin llegar a sanción y de otros dos se está esperando una resolución judicial», concretan, para subrayar que «en el resto de los expedientes, se ha impuesto la sanción más leve posible, la de apercibimiento». «En seis de los restantes la media de día de suspensión de empleo y sueldo ha sido de tres días en cada uno de ellos».
Desde el equipo de Gobierno municipal apuntaron que la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región «establece como obligación del jefe de la Policía proponer la incoación de las presuntas infracciones que le dan cuenta los mandos intermedios, al alcalde. Una vez iniciado el expediente, se actúa conforme a la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario, con el nombramiento de un instructor y, en su caso, un secretario».
Críticas de sindicatos
Sin embargo, sindicatos policiales con representación en el Consistorio capitalino son críticos con esta política de sanciones, en especial desde que es la propia Jefatura la que tramita los procedimientos sancionadores que inicia.
"Todos los policías, como ciudadanos, tienen derecho a a la Justicia Contencioso-Administrativa, que valorará la adecuación o no del expediente"
Por tanto, «todo expediente que se abre, acaba con la sanción al agente, salvo que haya un defecto de forma», aseguran sindicatos policiales con representación en el Consistorio, que llevan tiempo pidiendo que los casos de supuestas conductas dignas de reproche los tramite alguien «imparcial».
Cuando el PP recuperó el poder en la Glorieta, después de los comicios municipales de mayo de 2023, el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) ya alertó de esta problemática en una carta remitida al concejal de Seguridad, ante la perspectiva de que, con la mayoría absoluta de Ballesta, la Jefatura de la Policía Local recuperase una competencia que le había retirado el socialista José Antonio Serrano en su época de alcalde.
En concreto, el SIME recordó en la misiva que «en el año 2020 la Jefatura de Policía asumió la instrucción de los expedientes de los funcionarios de Policía, utilizándose de manera instrumental por parte de ésta para fomentar una política de miedo en el trabajo».
«La totalidad de los expedientes instruidos por la Jefatura acabó con sanción disciplinaria, habiendo más expedientes sancionadores en una plantilla mermada de efectivos en ese año que en los cinco años anteriores», detalló.
Somos Sindicalistas alerta de un "clima de desconfianza y perjuicio para los empleados públicos"
En la misma línea, desde el SIME apuntaron entonces que, tanto las denuncias puestas por este colectivo como la «cascada de sentencias absolutorias», motivaron que el anterior equipo de Gobierno retirara dicha competencia a la Jefatura de Policía Local.
«La posible vuelta de la competencia para la instrucción de los expedientes a la Jefatura de Policía, dada la experiencia, la poca imparcialidad, y los desagradables precedentes, nos llevaría a un conflicto de difícil solución», alertaron entonces desde el SIME.
"Revisar la medidad"
Desde Somos Sindicalistas, por otro lado, inciden en que «resulta fundamental garantizar que las decisiones disciplinarias se adopten en base a criterios estrictamente legales, valorando la gravedad de las conductas y su impacto en el interés público y en la imagen de la Administración».
«Sin embargo, la falta de transparencia y la posibilidad de que los procedimientos queden a discreción de mandos afines al superior que designa a los instructores y secretarios podría dar lugar a prácticas que comprometan estos principios y que, en última instancia, generen un clima de desconfianza y perjuicio para los empleados públicos afectados», subrayan. El colectivo insta al Ayuntamiento «a revisar esta medida».
Desde el cuerpo recuerdan que «todos los policías, como el resto de ciudadanos, tienen derecho al acceso a la Justicia Contencioso-Administrativa, que valorará la adecuación o no del expediente administrativo».
Código Europeo de Ética de la Policía
"La Policía Local de Murcia, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, está sometida a un Código Europeo de Ética de la Policía del año 2001, así como al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del año 1979 de la Organización de las Naciones Unidas", puntualiza el Consistorio.
Estos códigos de actuación en la legislación española están recogidos en los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el artículo 5º, precisan desde el cuerpo.
En el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario para el Cuerpo Nacional de Policía, indicando que también es de aplicación a los Cuerpos de Policía Local. El objetivo último de todas estas normas, es conseguir que la conducta policial implique actitudes de respeto máximo a los derechos de los ciudadanos.
Condena al Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Murcia ha condenado al Consistorio capitalino a indemnizar con 21.393,97 euros, más intereses, a un agente de la Policía Local que acreditó haber sufrido un «perjuicio psicológico significativo» y «secuelas con ansiedad persistente» tras haber sido expedientado por sus superiores de forma injusta: de hecho, otro Juzgado ya anuló en 2022 el expediente, al concluir que no existió desobediencia alguna y «el procedimiento carecía de fundamento».
Le cambiaron de destino: le ordenaron que tenía que comenzar el servicio en las instalaciones de El Esparragal. Lo que él hacía era acudir media hora antes a las dependencias policiales del Infante, en Murcia, y desde ahí pedir que un vehículo oficial le trasladase a la pedanía.
Los mandos le explicaban que tenía que desplazarse a El Esparragal por sus medios. Pero volvía a hacerlo. Acabó siendo suspendido de empleo y sueldo por una falta disciplinaria grave. Pero el agente demostró que en realidad nunca había desobedecido, pues jamás había entrado tarde al servicio de El Esparragal, salvo un día; por tanto, el juez entiende que el policía cumplía con la orden de empezar a trabajar desde la pedanía. «Otra cuestión es que su conducta fuera más o menos molesta, pero ello por sí no determina la existencia de una desobediencia a las órdenes recibidas».
- Mazazo en directo en Pasapalabra: 'Ha fallecido
- Este es el bar de Murcia donde comes desde 1,2 euros: bravas, berenjenas con miel...
- Esta es la cafetería de Murcia con terraza donde desayunas por 1€: 'Todo un descubrimiento
- El juez del caso Rubiales al abogado de Jenni Hermoso: 'Si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella
- Adiós a 'Pasapalabra': tres jóvenes de Murcia ponen en peligro al programa de Roberto Leal
- El streamer murciano TheGrefg sorprendido compitiendo en la Maratón de Murcia
- El Ayuntamiento de Murcia denuncia 'los daños que ya está provocando' la paralización del derribo de los muros de la Cárcel Vieja
- Apuñalan a un joven en el pecho en el barrio del Carmen de Murcia