Las legalizaciones exprés para locales de ocio de Murcia ponen a prueba a Urbanismo

La tragedia de Atalayas, en la que perdieron la vida 13 personas, calcinadas en los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ya está generando los primeros cambios en el funcionamiento interno del Ayuntamiento en su relación con los locales de ocio. Ya lo advirtió en su momento la vicealcaldesa, Rebeca Pérez: «Hemos puesto en marcha todos los medios, recursos y mecanismos para que una desgracia similar no vuelva a suceder en nuestro municipio». Uno de estos mecanismos se dio a conocer hace unas semanas. Se trata de una instrucción para mejorar y agilizar los procedimientos de legalización de actividades en funcionamiento. Fue precisamente este proceso de legalización lo que permitió a Teatre seguir funcionando a pesar de que pesaba sobre ella una orden de cese de actividad por iniciar cambios sustanciales en su espacio interior (dividido en dos para acomodar una nueva discoteca, Fonda, que además operaba sin licencia y sin plan de emergencias). El protocolo que se seguía entonces en el Consistorio era dejar en suspenso la orden de cierre mientras estuviese en marcha un proceso de legalización, que podía eternizarse. Con la nueva instrucción, el Ayuntamiento quiere desterrar para siempre esta manera de actuar. Por un lado, establece que los servicios técnicos deben dar prioridad a estos informes de legalidad y que deben resolverlos en un plazo máximo de 15 días. Además, en estos informes se deberá distinguir «con total claridad» los casos en los que el incumplimiento de la normativa imposibilite la legalización de otros en los que sea subsanable. Además, en todos los casos deberá realizarse una visita de comprobación para «determinar que no existe daño o riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de las personas».

Cuando se constate estos incumplimientos de la norma se procederá inmediatamente a la denegación de la legalización, «sin necesidad de esperar a la emisión de otros informes», tal y como ocurrió en Teatre.

La nueva instrucción hubiera impedido que Teatre estuviera abierta a pesar de tener una orden de cese

Pese a las buenas intenciones de la instrucción, hay voces que han advertido que su cumplimiento podría generar un colapso en los servicios involucrados. Desde el Grupo Socialista advierten que dar la prioridad a los procesos de legalización, en detrimento de otros como el que rige la concesión de licencias de apertura podría empantanar los expedientes y supone, a la postre, un agravio comparativo con todos aquellos negocios que quieren iniciar su andadura. Desde el PSOE también aseguran que ese plazo de 15 días es poco menos que un brindis al sol con la preocupante falta de medios en estos servicios técnicos, a los que además han quitado las horas de especial disponibilidad, con las que el anterior equipo de Gobierno pretendía dar salida en un plazo de 6 meses a cerca de 2.000 expedientes. Destacan estas fuentes socialistas que algunas licencias tardan un año en concederse cuando surge algún problema con el procedimiento, por lo que esta instrucción solo ahondará en este problema.

Por último, el Grupo liderado por Enrique Lorca ha mostrado su malestar por la publicación de una instrucción que debería haberse analizado antes en el seno de la Comisión por la tragedia de Atalayas. 

El Gobierno aumentará la plantilla de inspectores

Ante las dudas sobre la imposibilidad de cumplir con la instrucción técnica sobre legalización de actividades, desde el Gobierno local recuerdan que «no es un documento cerrado, sino que puede completarse con las aportaciones que realice el Grupo Municipal Socialista en la comisión creada sobre el incendio de Atalayas», que se convocará después de las fiestas navideñas.

Estas fuentes aseguran que la publicación de la instrucción tenía como objetivo que los servicios municipales dispusieran cuanto antes de un documento «con medidas técnicas para aplicar de forma inmediata en los procesos de legalización». En cuanto a la falta de personal en estos servicios, el Ejecutivo popular reconoce este déficit y se compromete a ampliar el número de trabajadores en el Servicio de Actividades, formado en la actualidad por 27 trabajadores. «Está previsto ampliar este servicio, especialmente el cuerpo de inspectores, con el fin de dar más agilidad tanto a la tramitación de licencias de apertura como a los procesos de legalización de actividades», señalan desde el Consistorio, que con esto, además de garantizar la seguridad de las actividades, pretenden promover más actividad económica en el municipio de Murcia.