El Ayuntamiento de Murcia tiene que pagar a plazos los 24 millones del convenio de Mamusa

Los malogrados convenios de la zona norte, como consecuencia de la anulación del Plan Especial de Infraestructuras (PEI) de 2016, volverán a ser uno de los grandes temas de debate en el próximo Pleno municipal.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer el sometimiento a exposición pública del acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la promotora Mamusa, que consiste en rebajar el índice de edificabilidad en el sector CT-15, del 0,25 al 0,12, con el fin de reducir los costes de urbanización en esa zona.

También se llevará al Pleno la suspensión del convenio suscrito con Mamusa en otro de los sectores, el CT-16, una de las consecuencias de la conocida sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a esta promotora inmobiliaria, que reclamaba 19 millones de euros en concepto de reintegro de las cantidades abonadas y la devolución de los avales depositados, por no haberse podido construir las viviendas que estaban proyectadas en ese sector.

En concreto, la Comisión de Urbanismo ha aprobado dejar sin efecto el convenio suscrito, por lo que el índice de edificabilidad, que con el convenio estaba situado en el 0,25, pasará a su índice original: 0,09.

A estos 19 millones de euros que deberá pagar el Ayuntamiento hay que sumar los intereses generados durante todos estos años, que suman 4 millones de euros, más los avales. En total, el Consistorio deberá reintegrar a la promotora más de 24 millones de euros, según detallaron a esta Redacción fuentes municipales.

Ahora, el Ayuntamiento, el área de Hacienda, está estudiando la mejor manera de gestionar este importante desembolso, qué cantidad puede sacar de manera directa y establecer el plan de pagos para el resto. En breve, cuando se tengan claras las cuentas, se enviará a Mamusa una propuesta.

En total, los diferentes convenios urbanísticos relacionados con el desarrollo de la zona norte que no se han ejecutado podrían suponer para el Ayuntamiento el reintegro de más 100 millones de euros, indicó en su momento el vicealcalde, Mario Gómez.

En otros convenios, la dificultad estriba en que algunas empresas desde el año 2008 han entrado en concursos de acreedores, en procesos de transmisión patrimonial, y el Ayuntamiento todavía está tratando de determinar quiénes son los legítimos titulares de esos terrenos para poder contactar con ellos. Para evitar que esto siga ocurriendo en un futuro se ha incluido una cláusula para la identificación de los derechos reales.

«Se entiende que cualquier transmisión del terreno implica transmisión de derechos urbanísticos para evitar que se produzca esa situación», señaló en su momento el edil de Urbanismo, Andrés Guerrero.

Según otras fuentes, la mayoría de las promotoras con intereses en la zona norte están a la espera de que salga adelante el nuevo Plan Especial de Infraestructuras, probablemente en el mes de marzo, para tomar una decisión sobre si emprender o no el desarrollo urbanístico en estas parcelas.