Arranca el plan parcial que prevé 450 viviendas a orillas de Ronda Sur

El Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer la creación de la junta de compensación del Plan Parcial ZM-SB4 del barrio de San Benito, el primer paso para la puesta en marcha de ese importante desarrollo urbanístico y dotacional en el municipio. Este proyecto, que se aprobó definitivamente hace cerca de una década, cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de superficie y cerca de 130.000 de edificabilidad y se llevará a cabo en buena parte de la orilla de Ronda Sur que se adentra hasta Patiño y Barrio del Progreso. Según explicó el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, esta zona estará destinadas a la creación de espacios residenciales, 450 viviendas como máximo (45 de protección oficial), y comerciales, así como viales de comunicación, zonas verdes y otros equipamientos.

«Con la liberación de las 43 parcelas de San Benito, se pretende potenciar la actividad económica y residencial de la zona, redefinir el espacio de Ronda Sur y también facilitar y mejorar los accesos a la zona sur del municipio para hacer una Murcia más accesible», señaló Guerrero.

Sobre la mejora de los accesos, el edil detalló que este plan incluye la ejecución de una de las rotondas, «que conectan directamente el barrio del progreso con Ronda Sur».

Este espacio entre Ronda Sur y la A30, con decenas de parcelas vírgenes entre la zona de Patiño y Barrio del Progreso está llamado a ser una de las grandes zonas de expansión del municipio en los próximos años, en cuanto se desarrollen los cinco planes parciales previstos en el Plan General de Ordenación Urbana.

Por otra parte, Guerrero aseguró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que confía en tener listo el próximo mes de marzo el avance del Plan Especial de Infraestructuras (PEI), que permitirá desarrollar los convenios urbanísticos que se firmaron en torno a 2006 para la zona norte del municipio y evitar así nuevos pagos a las promotoras. Entre los últimos trámites que se están llevando a cabo, Guerrero ha destacado la adecuación del borrador del PEI a la sentencia firme que da la razón a una de las promotoras, Mamusa, y que obliga al Ayuntamiento a pagar unos 23 millones de euros a esa empresa.