Social

Un respiro por Navidad para la familia de Naomí y Daniel

La PAH ha conseguido paralizar un desahucio este martes por la mañana en el Infante, aunque el fondo buitre que posee la vivienda volverá a intentarlo en febrero

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Este martes era el día marcado con dolor en la agenda de Naomí Rodríguez y Daniel Egea, una pareja con tres hijos de uno, tres y seis años que iba a ser desahuciada de la vivienda que llevan alquilando durante los últimos cinco años en la calle Alberto Sevilla del barrio murciano del Infante.

En un principio, el alquiler lo cobraba la titular de la vivienda, pero esta dejó de pagar la hipoteca, que pasó a manos de Caixabank. Entonces comenzaron los problemas para la familia.

Según cuenta a La Opinión el cura Joaquín Sánchez, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la casa en manos de la entidad bancaria pronto llegó la primera notificación para que desalojaran el inmueble. "Con Caixabank se negoció un alquiler, pero terminaron por vender la vivienda a un fondo buitre, obligando de nuevo a la familia a negociar el alquiler", explica.

Con el paso del tiempo, un segundo fondo buitre se hizo con la titularidad del inmueble, "y otra vez vuelta a empezar", añade Sánchez. Este fondo de inversión de alto riesgo plantea el uso que Naomí y Daniel hace de su casa como una okupación, denuncian desde la PAH, cuando sobre ellos no recae la deuda que dejó de pagar la antigua propietaria.

"Ahora empieza un tiempo angustioso para ellos porque el tiempo corre y nosotros vamos a contracorriente"

Este martes por la mañana, a través de la mediación de la Plataforma allí presente, una Comisión Judicial ha acordado retrasar el desahucio a mediados de febrero, una decisión que permitirá a la familia pasar en su casa la época navideña.

"Ahora empieza un tiempo angustioso para ellos porque el tiempo corre y nosotros vamos a contracorriente", afirma el cura Joaquín. Ahora a la PAH le toca negociar con el fondo buitre un alquiler asequible para esta familia murciana, cuyos padres están en el paro y cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). "Estas empresas no quieren negociar, solo buscan apoderarse de las viviendas", lamenta.

Por otra parte, la PAH también va a intentar conseguir una vivienda social a través del Ayuntamiento de Murcia.