El Ayuntamiento de Murcia anunció ayer que está trabajando en el avance del Plan General Urbano, con el de fin de saber cuáles son las infraestructuras mínimas necesarias para poder llevar a cabo, si procede, los convenios de la zona norte. Entiende el Ayuntamiento que esta es la mejor solución técnica para despejar los nubarrones en forma de millonarias demandas que piden la devolución de los avales que tuvieron que pagar las promotoras por los convenios malogrados por la anulación en 2015 del Plan Especial de Infraestructuras (PEI).

Actualmente, detalló ayer el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, se están elaborando los estudios de viales y recursos hídricos en el seno de una comisión técnica.

Este asunto volvió ayer a la palestra con un duro enfrentamiento entre el Gobierno local de PSOE y Cs con el principal grupo de la oposición, el PP. Esta vez, la chispa que ha prendido el incendio ha sido la sentencia favorable del TSJ de la Región que resuelve que el Ayuntamiento no deberá devolver los 8,1 millones de euros por la ejecución de un aval de uno de los convenios, en Cabezo de Torres. El TSJ desestimaba así un recurso de apelación interpuesto por la promotora Visionaria argumentando, por un lado, la falta de legitimidad de esta sociedad y por otro destacando que existe la posibilidad de eliminar los obstáculos legales que en su día impidieron la ejecución del plan parcial y hacerlo así viable.

Esta sentencia contrasta con la que confirmó el TSJ en 2021 y que condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 19 millones de euros a la empresa Mamusa al ser materialmente imposible construir cerca de 4.000 viviendas tras la anulación del PEI en 2015, que preveía la cobertura de las infraestructuras viales, eléctricas y de saneamiento necesarias.

El Grupo Popular aprovechó la sentencia favorable al Consistorio para reafirmar su posición. Los populares sostienen que el Gobierno socialista «no ha hecho nada para actuar en el ámbito de la zona norte». Acusan a la Administración local de no trabajar para llegar acuerdos con las empresas implicadas, de no haber redimensionado las infraestructuras, ni haber planteado la reducción de edificabilidad. Tampoco, sostienen desde el PP, se ha impulsado un nuevo PEI.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, que compareció públicamente ayer junto con el edil de Gestión Económica, Enrique Lorca, aseguró que el Ayuntamiento «lleva meses» trabajando para sacar el avance del Plan General y sostuvo que la interpretación que el PP ha hecho de la sentencia favorable es «torticera». Lo único que hace la sentencia, explica Guerrero, «es decir que quien reclama, formalmente, no tiene legitimidad, sin entrar en el fondo del asunto; eso no significa que no se pueda plantear, en unos meses, otra demanda sobre los mismos hechos por parte de los que sí tienen legitimidad para hacerlo».

Por otra parte, Guerrero dejó caer que se están produciendo avances en las negociaciones con los promotores. « Este ayuntamiento ha tenido las puertas abiertas a todos los empresarios, como es nuestra obligación, convencidos de que solamente desde la colaboración podemos mejorar nuestro municipio», indicó.

El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, destacó que fueron las «las negligencias cometidas por el PP» en la época en la que gobernaba José Ballesta las que han provocado que el Ayuntamiento esté en un proceso en el que puede tener que devolver más de 120 millones de euros, «que no salgan ahora a dar lecciones, porque ellos deberían estar callados o dando explicaciones sobre su gestión».