Desde septiembre de 2021 los funcionarios de prisiones están «en un conflicto constante con la administración» por el riesgo del personal y de los internos. Así lo han manifestado este miércoles los sindicatos CSIF, ACAIP y UGT, que han denunciado el gran aumento de agresiones graves en las cárceles españolas, la última de ellas en la Región de Murcia, a un trabajador al que «no le cortaron la yugular por 1,5 centímetros». De hecho, ACAIP ha anunciado que va a iniciar un proceso de acusación particular por intento de asesinato.
Una de las principales quejas de los funcionarios y, precisamente, uno de los principales motivos por los que ven peligrar su integridad física, es la falta de personal, dado que en toda España hay 2.869 puestos vacantes, lo que supone que hay un 13% de plantilla sin cubrir. De hecho, José Ramón López (UGT) ha aclarado que al funcionario murciano que fue atacado tuvieron que salvarlo los propios internos, dado que solo había tres trabajadores repartidos en distintos módulos.
Cada 36 horas se produce una agresión. Este 2022, tres de ellas han sido muy graves, y «los compañeros han salvado la vida de casualidad», ha añadido. Los sindicatos han contabilizado 4.213 en 2021 y casi 5.000 incidentes -y la media sube-, e insisten en que los datos que aporta la administración «están maquillados» porque cuando hay agresiones entre internos y un funcionario debe intervenir se producen lesiones, aunque ‘no computan’, según el protocolo.
Las cárceles están perdiendo personal por las jubilaciones, dado que la media de edad oscila entre los 50 y los 58 años, y la oferta de empleo no cubre esas plazas, a pesar de que han entrado más de 1.000 funcionarios nuevos. El 50% de las vacantes son de vigilancia, es decir, de personal que tiene contacto directo con los presos, y de personal facultativo. Esto último supone otro de los riesgos.
«Las comunidades autónomas no se quieren hacer cargo y coger la transferencia de los médicos, aunque así lo dice la ley desde hace 18 años», ha matizado López, al que le parece «mal, un parche» que algunas estén recurriendo a contratar el servicio médico privado por no asumir la competencia sanitaria. Además, al tener algunos módulos inoperativos, denuncian la «falta de clasificación de los presos»: «Entre el 20 y el 35% de los reclusos tienen patologías mentales. Las cárceles se están convirtiendo en nuevos centros psiquiátricos, algo que genera infinitos problemas».
A los módulos cerrados se suma la falta de muchas instalaciones. En España tan solo hay dos centros mentales penitenciarios -donde también trabajan celadores-, uno en Sevilla y otro en Alicante, lo que está provocando, como ha indicado Jorge Vilas (CSIF) que «las enfermerías de las prisiones se conviertan en psiquiátricos encubiertos» y que los funcionarios tengan que lidiar con «internos con patologías graves, que atacan a alguien de manera sorpresiva, además de no estar tratados adecuadamente».
Como prueba de ello, José Ramón López ha puesto un ejemplo: el de ‘El nene’, un preso diagnosticado que el primer día que ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) mató a su compañero de celda a golpes y agredió al funcionario. Además, los trabajadores se encuentran con un problema a la hora de saber si un interno tiene una patología o no por la protección de datos y, como han subrayado los sindicatos, «no es lo mismo tratar con alguien con esquizofrenia que con un psicópata».
Política de ‘buenismo’
Las organizaciones sindicales han criticado la dosis de «buenismo» de la administración, al tiempo que han apuntado que el 95% de los reclusos cumplen las normas, pero hay un 5% que no lo hace y son personas inadaptadas. «Hay una política de terceros grados para reducir el número de internos y solo podemos estar de acuerdo si están preparados para vivir en sociedad, pero no olvidemos que están en la cárcel porque un juez dijo que no lo están», han sentenciado.
Finalmente, los sindicatos han dejado claro que no descartan interponer denuncias en materia penal contra los directivos que no protejan a sus trabajadores: «Somos conscientes de que el riesgo cero es imposible, pero al menos que sea el mínimo».
Murcia II, en Campos del Río, una instalación moderna e «inoperativa»
«No puede ser que centros penitenciarios modernos como Murcia II (en Campos del Río) siga sin estar abierta al 100% porque faltan trabajadores 11 años después de su apertura», ha subrayado José Ramón López, de UGT. La prisión se inauguró en 2011, y los funcionarios sufren las mismas condiciones que en el resto de cárceles, donde ven expuesta su seguridad. Además, al representante sindical le parece aun más disparatada la situación del centro penitenciario murciano, puesto que «la Región de Murcia es la que más población reclusa tiene». En el caso de Murcia II, hay también internos que tienen relación con grupos yihadistas y el terrorismo islámico, que también comparten módulo con presos condenados por delitos muy diferentes a estos. Estos sucesos e investigaciones se dan en la Audiencia Nacional.
Concentraciones para frenar el «maltrato»
Los funcionarios de prisiones se concentrarán este jueves entre las 12 y las 13 horas a las puertas de las delegaciones de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, convocados por CSIF, ACAIP y UGT. Además, tendrán la oportunidad de reunirse con algunos de los delegados para pedirles que actúen como intermediarios con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. En la Región se han podido reunir ya con el delegado del Gobierno, José Vélez, este miércoles, aunque la delegación ha declinado hacer valoraciones. Se quejan de la falta de seguridad, de la falta de personal que aboca a que hayan módulos cerrados y los presos no estén clasificados, de la falta de centros mentales penitenciarios, de la falta de formación adecuada y pretenden «desbloquear el maltrato» que están sufriendo los compañeros, en palabras de Jorge Vilas (CSIF). «La institución penitenciaria debe estar fuera del juego político. La Ley Orgánica General Penitenciaria se aprobó en 1979 por unanimidad, y es incomprensible que esa unanimidad no exista hoy. ¿A qué está esperando la administración? ¿A que haya un funcionario muerto?», han declarado desde UGT. Asimismo, pedirán mejores retributivas y de equipamientos. «La secretaría general criminaliza al colectivo y a veces incluso tenemos que acudir al juzgado», han destacado. Además, han insistido en que «se suelta a gente no preparada para vivir en libertad, y no queremos reeducar, sino bajar la media de criminalidad».
