«Si el Ayuntamiento de Murcia fuera una empresa estaría en concurso de acreedores». Son palabras del concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca (PSOE), que ha presentado este martes el Plan de Saneamiento financiero 2022-2026, tras la celebración de una comisión en la que ha contado con el apoyo de Cs y Podemos-EQUO, con el PP y Vox en contra.
El consistorio se encuentra en quiebra técnica (con casi 29 millones de euros en negativo), y para ello el concejal socialista ha presentado el plan con 12 medidas valoradas en 83,5 millones con las que el Gobierno municipal espera sanear las cuentas, aunque no ha presentado al resto de partidos ningún informe del servicio de intervención que las avalen. Pese a ello, Lorca ha insistido en que «sí que están avaladas por informes técnicos y que la mala gestión del anterior gobierno popular ha dejado arruinadas las cuentas».
El concejal de Gestión Económica ha ido más allá: «Ballesta y su equipo firmaron el día antes de la moción de censura la liquidación del presupuesto de 2020 con un remanente negativo de Tesorería de casi 17 millones. A ello se suman facturas sin pagar que nos hemos encontrado en los cajones por valor de 6 millones de euros, los convenios de la zona norte, sentencias recibidas, la nueva regulación de la plusvalía...».
El PSOE no se ha planteado en ningún momento para sanear las cuentas, ha indicado Lorca, reducir gastos por valor de 29 millones en el nuevo presupuesto; pedir un crédito del mismo importe que tendrían que «devolver antes de mayo de 2023» ni hacer un presupuesto para 2023 con un superávit inicial similar.
El Gobierno pretende vender parcelas municipales para recaudar 10 millones de euros, dos al año
Proyectos para reducir deuda
Como medidas ‘estrella’, el concejal socialista ha anunciado la venta de parcelas municipales, con las que esperaban recaudar en un principio 40 millones de euros (ocho por año), pero finalmente han decidido fijarlo en 10 millones, es decir, dos al año, dada la situación del mercado inmobiliario. Aun así, ha insistido en que «hay informes que ratifican que se puede vender suelo por esos 8 millones».
Otra de las medidas que ha subrayado es la congelación de los salarios de los miembros de la corporación y personal eventual, que no afectaría a los funcionarios, con lo que conseguirían ahorrar más de 265.000 euros.
El tercer punto que ha destacado para incrementar los ingresos es la puesta en marcha de actuaciones de inspección tributaria (22.000.000 euros), mientras que, por otro lado, para disminuir los gastos han considerado centralizar los edificios municipales, dado que «sobran instalaciones alquiladas».
Resto de medidas
En cuanto a proyectos recaudatorios, el Plan de Saneamiento se completa con la reducción de derechos pendientes de cobro previo a la concesión de licencias o permisos; el refuerzo de acciones para la recaudación de deudas ejecutivas y la depuración de fianzas depositadas en la Tesorería Municipal.
Para disminuir el gasto también se adaptarán los precios de adjudicación a las bajas de licitación en los contratos; se licitarán los contratos al mismo precio, excepto «en casos debidamente justificados»; se desarrollará un plan de contingencia energética y se reducirán los excesos de financiación del Ayuntamiento en un 25%.
Con las medidas que el Gobierno propone, «si todo va bien», ha explicado Enrique Lorca, «en 2026 el Consistorio volverá a tener unas cuentas en positivo».
Asimismo, aunque no haya presentado en la sesión extraordinaria el informe, ha asegurado que «se hará un seguimiento del plan desde el servicio de intervención» y que este es uno de los pasos previos y necesarios para la aprobación de los Presupuestos municipales 2022, aunque el Plan de Saneamiento Financiero tiene que pasar antes por el Pleno extraordinario, aún sin fecha. Las propuestas abarcan los periodos de 2022 a 2026, y las próximas elecciones municipales serán en seis meses.
PP y Vox exigen el informe de intervención que avale las propuestas
Tanto Eduardo Martínez-Oliva (PP) como Inmaculada Ortega (Vox) han manifestado tras la intervención del concejal Enrique Lorca que «no se puede aprobar un plan sin que el servicio de intervención lo avale» y no «en base a la memoria del concejal de Seguridad Ciudadana y sus directrices», por lo que exigen ese informe antes del pleno del próximo viernes.
«Estamos a tiempo de evitar este disparate que se plantea curiosamente a cinco años vista cuando tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina», ha declarado el popular.
Martínez-Oliva ha insistido en que se pueden adoptar medidas de reequilibrio y en que «el plan debe girar sobre certezas»: «Esto es una patata caliente para el que venga detrás».
Ambos partidos dudan de que se pueda basar el aumento de ingresos en la inspección tributaria y que no se podrá alcanzar la cifra que pretenden por la venta de suelo.
Asimismo, el popular ha asegurado que el socialista les ha reconocido en la comisión que la situación económica es consecuencia de la pandemia.
«El anterior gobierno nos asomó al precipicio y este nos ha tirado por él», ha aseverado por su parte Ortega: «Hay que ajustarse el cinturón, pero la austeridad se les pide a los murcianos».
