La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el inicio del procedimiento para la ejecución subsidiaria de las obras de demolición del edificio que fue construido de manera irregular sobre una finca municipal, en concreto en una zona verde de Javalí Nuevo, por el grupo de coros y danzas de la peña huertana La Contraparada. Antes de proceder a la demolición de este inmueble, que funciona como sede de la peña, el Ayuntamiento requerirá nuevamente a La Contraparada para que en el plazo de un mes proceda a la demolición de esta obras y a la restitución de la finca al estado en el se encontraba originalmente. En caso de que se no se atienda este petición, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de las obras, y a la restitución de los terrenos. No es el primer requerimiento para su demolición que hace el Ayuntamiento a esta peña huertana, ya lo hizo en noviembre de 2021, entonces el plazo que se les dio fue de dos meses, pero hicieron caso omiso.

Según fuentes municipales, el coste de estos trabajos rondará los 50.000 euros. Esta factura tendrá que ser asumida por la peña.

Inmueble construido de manera irregular en Javalí Nuevo L.O.

Una denuncia socialista en 2012

La polémica sobre esta construcción irregular se remonta al año 2012. En noviembre de ese año el Grupo Socialista en el Ayuntamiento solicitó a la Fiscalía que investigara el proceso por el que se construyó este edificio de dos plantas en el jardín Diego Manzano de Javalí Nuevo; se inició así un largo proceso judicial que culminó recientemente con una sentencia firme del TSJ. La investigación conllevó en su día la imputación del presidente de la peña y de tres exconcejales del Ayuntamiento en la etapa como alcalde de Miguel Ángel Cámara por presunta prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2017 aprobó la revocación de la cesión en precario de terrenos municipales a la peña La Contraparada por haber edificado en una parcela municipal destinada a zona verde. Esta resolución fue objeto de recurso contencioso administrativo, siendo desestimado en mayo de 2018. Posteriormente la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pero también desestimada en noviembre de 2019.