Una de las funciones de la oposición de una corporación municipal es fiscalizar la acción de gobierno, pero hoy, en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia, al menos durante una de sus mociones, se invertirán los papeles, y serán los grupos que forman el Gobierno los que ejerzan esa función de control y fiscalización ante el Grupo Popular.
El desvío irregular de 26 millones de euros procedentes de los convenios urbanísticos de la zona norte será uno de los temas protagonistas en el Pleno que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Murcia. El asunto se debatirá por una moción conjunta de los grupos que forman parte del Gobierno, POSE y Ciudadanos. En la exposición de la iniciativa, socialistas y liberales recuerdan la sentencia del TSJ, ratificada por el Supremo, que prohíbe de manera expresa que ese dinero vaya destinado a otro lugar que no sean sistemas generales de la zona vinculada a los convenios, «pues es donde el notable incremento de edificabilidad unido a la extensión superficial del ámbito (unos doce millones de metros cuadrados) determina la necesidad de ejecución de unas infraestructuras generales o estructurantes para su adecuado desarrollo».
Según PSOE y Cs, a pesar de que se le dio traslado de esta sentencia al Ayuntamiento, el equipo de Gobierno que dirigía el actual concejal del PP José Ballesta, «la desoyó y no se emitió instrucción alguna sobre la aplicación del contenido de la misma a los servicios municipales, en lo que concierne a la utilización de las cantidades provenientes de los convenios urbanísticos y se siguió utilizando de la misma forma que se hacía previo al fallo judicial».
Por todo ello, los grupos de PSOE y Ciudadanos han instado al concejal popular José Ballesta Germán a que dé explicaciones «claras y detalladas» de los motivos por los que incumplió, pese a tener conocimiento de las mismas», las sentencias del TSJ y del TS.
Lo que no se debatirá
La sesión plenaria de hoy también estará marcada por una ausencia. La Junta de Portavoces decidió ayer retirar una de las mociones presentadas por el Grupo Vox, algo que nunca había ocurrido en la historia del Ayuntamiento.
La moción solicita el cese de la edil de Igualdad Teresa Franco tras conocerse la sentencia del Tribunal Militar de Madrid por el que el capitán Galindo era absuelto «con todos los pronunciamientos favorables». Galindo fue acusado por la concejala de delitos continuados de extralimitación en el ejercicio del mando y de abuso de autoridad en su modalidad de acoso profesional.
El PP pide más plazas de becas comedor y de escuelas de verano
El Grupo Popular defiende hoy una moción en el Pleno en la que exige a la Concejalía de Servicios Sociales que mantenga el derecho a la ayuda de beca comedor durante la temporada de verano y dé «cobertura real a la demanda de plazas». Según los populares, el año pasado, el PSOE redujo las plazas de escuelas de verano más de un 30 por ciento, es decir, de 3.000 a 2.300, «lo que limitó el horario y suprimió el servicio de comedor justo en un momento en el que atención social sufrió un incremento de más del 45 por ciento». Además, los populares piden que se publique el procedimiento a seguir para la concesión de estas ayudas de comedor y que toda la información esté reflejada en el Portal de la Transparencia.
Desde Vox se indica que Franco «sigue en un procedimiento judicial que además ella ha llevado a las instituciones públicas, dándole publicidad a un tema que ahora, sin embargo, su alcalde dice que es personal, cuando ella orquestó un juicio mediático paralelo al llevado en sede judicial».
Además, la edil de Vox, Inmaculada Ortega, sostiene que Teresa Franco «ha amparado en un grupo de WhatsApp una serie de amenazas en las que se pone precio a la vida de una persona», señaló en referencia a una información publicada por este diario.
Sobre la retirada de la moción, Ortega señala que la actitud «autoritaria» del alcalde Serrano «limita el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión». «La motivación del rechazo no tiene ninguna fundamentación legal, y por ello recurriremos en sede judicial si es necesario», advirtió.
