El Ayuntamiento de Murcia cerró la liquidación de su presupuesto de 2021 con un saldo negativo de 12 millones de euros, por lo que deberá acometer un plan de saneamiento financiero para corregir ese déficit, según se refleja en el informe de la Intervención General.

El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, ha explicado en un comunicado que ese desajuste en las cuentas públicas se debe principalmente a que el Consistorio tuvo que abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores por valor de 3,3 millones de euros y devolver precios públicos por valor de 14 millones de euros (unos 5 millones más de lo habitual).

También está motivado por la bonificación de diversas tasas y la bajada de ingresos derivada de la nueva gestión del impuesto de plusvalías, sumado todo ello a la asunción de competencias impropias por las que la comunidad autónoma adeuda unos 40 millones de euros anuales.

Además, ha recordado que en el ejercicio 2021 hubo que asumir el remanente negativo del año anterior, que fue de 17 millones de euros.

Pese a esos datos, Lorca ha destacado que el Ayuntamiento ha cumplido con las reglas fiscales, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda, al tiempo que el periodo medio de pago a proveedores “está dentro de lo establecido en la normativa vigente”.

En cuanto a la deuda pública, asciende a 113,39 millones de euros sin contar con la imputación de la deuda del Tranvía de Murcia, lo que supone un 29,6 por ciento del presupuesto, muy por debajo del 35,5 por ciento de 2020 y el 42,9 por ciento de 2019.

Por su parte, el concejal del PP Eduardo Martínez Oliva ha advertido de que este “agujero” en la liquidación obligará al Consistorio a acometer “recortes en los servicios públicos” y a subir los impuestos para poder cumplir con ese plan de ajuste, que debe estar listo en un mes, algo que Lorca ha desmentido de forma categórica.

Martínez Oliva ha insistido en que el remanente negativo tendrá “un impacto negativo claro y directo” en los presupuestos de este 2022 que, ha lamentado, aún no se han aprobado a pesar de que el Gobierno se comprometió a hacerlo en el mes de enero, lo que es “reflejo de las tensiones internas existentes en la coalición” de Gobierno.