El archivo de la denuncia que interpuso el PSRM-PSOE ante la Fiscalía Superior de la Región el PSRM-PSOE por los vídeos de campaña electoral utilizados por el exalcalde José Ballesta de cara a los comicios de 2019, tal y como adelantó La Opinión, no frenará a los socialistas. El concejal socialista de Gestión Económica, Enrique Lorca, señaló que no todavía no ha tenido acceso al auto, pero que, en su día, se denunció “porque vimos hechos evidentes e irregularidades que no se podían pasar por alto”. Tras asegurar que su partido respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía, Lorca anunció que el PSOE denunciará los hechos en el juzgado “porque no solo no vamos a dar un paso atrás, sino que mantenemos firmes en que en este contrato en cuestión se llevaron a cabo irregularidades en todo su proceso”. Sostiene el concejal que los hechos solo se pusieron en conocimiento de Fiscalía, y que ahora el PSOE dará el paso de formalizar la denuncia.

Los concejales de Gobierno Mario Gómez, Enrique Lorca y Juan Fernando Hernández L.O.

Por su parte, el vicealcalde y edil de Fomento Mario Gómez recordó que en las anteriores resoluciones judiciales “se habla de multitud de irregularidades e incluso ilegalidades”. A raíz de esos informes, el equipo de Gobierno está trabajando “en la apertura de incoación de expedientes para tomar las medidas pertinentes, e incluso, tomar otras vías”. En ese sentido, Mario Gómez recordó que algunas denuncias están también en el Tribunal de Cuentas “y posiblemente muchas lleguen al Tribunal Contencioso Administrativo”.

“Si el PP cree que hay motivo para sacar pecho cuando un fiscal hace un informe en el cual establece que la gestión municipal está plagada de irregularidades e ilegalidades, creo, sinceramente, que se lo deberían hacer mirar”, señaló.

Par Gómez, un partido debería dar ejemplo, “y eso solo se puede hacer con una buena gestión. Ante lo que dicen los informes jurídicos solo se pueden hacer dos cosas: dar explicaciones y pedir disculpas a la ciudadanía; Murcia se merece un gobierno que promueva la transparencia y la legalidad”, sentenció.

Cabe recordar que el contrato de jardines es uno de los más cuantiosos del Ayuntamiento y salió por valor de 70 millones de euros. Entre los criterios puntuables, el pliego incluía la presentación de ‘vídeos render’ de anteproyectos y estudios que supondrían para las licitadoras unos costes previos de 80.000 euros, según los socialistas. Aunque el proceso de licitación fue recurrido y el contrato no se había adjudicado todavía cuando arrancó la campaña electoral (la licitación se resolvió en agosto de 2019), según la denuncia del PSOE, el equipo de Ballesta utilizó los vídeos que había elaborado para el proceso STV-Actúa. Unas sospechas que no han sido confirmadas en la pericial de la Guardia Civil en la que se basa la resolución de la Fiscalía.

Los ediles populares, Rebeca Pérez, José Guillén y Jesús Pacheco, hoy en Cardenal Belluga L.O.

PP: "La Justicia da y quita razones"

El PP de Murcia sigue pendiente de conocer de manera oficial el contenido del decreto de archivo. En cualquier caso, el concejal popular José Guillén consideró que esa resolución judicial demuestra que “la Justicia siempre pone a cada uno en su sitio y es la que tiene que dar y quitar razones”. “Nosotros, desde la tranquilidad, siempre hemos confiado en el buen hacer de la Justicia y de la Fiscalía”, señaló Guillén, que destacó que “en el código ético del PP no cabe la bajeza moral; por lo visto sí cabe en otros, y eso lo único que merece por nuestra parte es el más profundo de los desprecios”. 

Sobre las declaraciones del edil socialista, otras fuentes del Grupo Popular señalaron que "resulta mezquino que el PSOE siga intentando utilizar la justicia incluso después de archivos tan contundentes como el que hemos conocido de la Fiscalía y de los que se han producido en los últimos meses". Para los populares, el PSOE está intentando "tapar el archivo de la denuncia falsa que presentó". Por otra parte, les resulta curioso que los socialistas anuncien precisamente ahora (tras la publicación del archivo por parte del diario La Opinión), "que van a presentar una denuncia en el juzgado después de tener conocimiento desde hace ya seis meses del archivo decretado por la Fiscalía".