La investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos de las luces de Navidad atribuidas al Gobierno municipal de José Ballesta no ha terminado con el archivo de la denuncia en la Fiscalía Superior de la Región. El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha una nueva actuación y ha enviado a la Fiscalía una denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón, en la que se detallan las modificaciones introducidas en el contrato original de la iluminación navideña firmado en 2017 y los supuestos fraccionamientos que se habrían producido en varias juntas locales.
El Tribunal de Cuentas también investiga desde hace años posibles responsabilidades patrimoniales en la gestación y gestión de la desaladora de Escombreras.
En la notificación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas correspondiente a la Administración local se da cuenta de la apertura de un procedimiento para determinar la veracidad de las irregularidades expuestas por el letrado murciano y se le concede a Diego de Ramón un plazo de diez días para que comunique «si ejercita la acción pública de responsabilidad contable» o para que «manifieste si solo actúa como mero denunciante, en cuyo caso será apartado del procedimiento, sin perjuicio del posible curso de las actuaciones».
La consejera del Tribunal de Cuentas a la que ha correspondido este procedimiento por reparto, María Antonia Lozano Álvarez, también resuelve que se le notifique la resolución al Ministerio Fiscal. Las conclusiones que presente la Fiscalía una vez que investigue la denuncia presentada por el letrado murciano determinarán si el Tribunal encargado de fiscalizar las cuentas de las instituciones públicas considera que los responsables políticos y los funcionarios municipales que participaron en la revisión de los contratos de las luces navideñas pueden haber incurrido en una responsabilidad contable.
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Murcia anunció hace un par de semanas que la Fiscalía había archivado otra denuncia contra una decena de funcionarios municipales por la tramitación de decenas de contratos menores. Los populares señalaron tras la decisión del fiscal superior, José Luis Díez Manzanera, que se trata de una causa que partió del portavoz de Ciudadanos y vicealcalde de la coalición de Gobierno, Mario Gómez.
Ahora el Tribunal de Cuentas volverá a tirar del hilo para dilucidar si hubo irregularidades contables en las tres modificaciones del contrato con la empresa Elecfes aprobado en marzo de 2017 por importe de 648.205,03 euros, que supusieron incrementos de 13.000, 69.393,50 y 47.247,51 euros, respectivamente.
En la denuncia se plantean los reparos legales que pusieron los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a esta última modificación de octubre de 2019. También se alude a los contratos menores firmados con esta misma empresa y con la compañía Famailfes (que comparten la misma dirección en el Polígono industrial de Ceutí) a petición de los presidentes de las juntas locales del Distrito Norte, Centro Este y Centro Oeste. Entre las pruebas que el denunciante considera necesario requerir cita «la relación de facturas, en contratos menores durante el periodo de vigencia del contrato adjudicado (196 contratos de 2017 a 2019), además del contrato adjudicado en 2017 que se encuentra prorrogado». A esta relación añade otros 25 contratos menores con Famailfes.
