El Ayuntamiento de Murcia presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que da la razón a una promotora inmobiliaria que reclama al Consistorio 19 millones de euros más intereses por no haberse construido las viviendas que estaban proyectadas en la zona norte del municipio, tal y como adelantó ayer LA OPINIÓN en su edición impresa y digital.

El vicealcalde de Murcia, Mario Gómez, señaló en declaraciones a los periodistas que los técnicos municipales están estudiando la manera de llegar a un acuerdo con esa promotora, Mamusa, para aclarar qué obras de urbanización debía pagar la empresa y cuáles la administración, y tratar así de evitar la indemnización que exige la inmobiliaria.

En concreto, Mamusa firmó en 2008 un convenio con el Ayuntamiento para construir unas 5.000 viviendas en la zona norte del municipio, en el entorno de la Nueva Condomina, siendo alcalde el popular Miguel Ángel Cámara.

Diez años después la empresa solicitó resolver el convenio por causas sobrevenidas que impedían su cumplimiento, ya que el plan especial para el desarrollo del «ensanche norte» de la ciudad aprobado en 2009 fue anulado posteriormente por el TSJ, con lo que la ejecución de las viviendas ya no era posible ni técnica ni jurídicamente. Mamusa reclamó al Ayuntamiento 19 millones de euros por las inversiones ya realizadas en la zona y la justicia contencioso-administrativa le dio la razón a la empresa en noviembre de 2020, una sentencia que ahora ha ratificado el TSJ y que el Ayuntamiento recurrirá en casación ante el Supremo.

En la sentencia del TSJ del pasado viernes, a la que ha tenido acceso esta Redacción, el tribunal argumenta, tal y como lo hiciera el fallo del Contencioso, que el proyecto de la mercantil era inviable y que «los informes técnicos emitidos desde el Ayuntamiento apuntan a que habría ‘soluciones técnicas’, pero no prueban la viabilidad de las mismas».

No obstante, Gómez consideró que la actuación solo servirá para ganar tiempo en el proceso porque solo contempla dos opciones: que el alto tribunal no acepte el recurso, lo que se sabría aproximadamente en 9 meses, o que sí lo acepte y finalmente ratifique la sentencia del TSJ, lo que ocurriría en un plazo de unos dos años.

Entre tanto, Gómez señaló que los técnicos municipales están trabajando para dirimir qué partes de las ejecutadas por la promotora eran «estructurales» y, por tanto, no correspondería al Ayuntamiento su pago, y cuáles sí deben ser sufragadas por las arcas públicas. A los 19 millones de euros que reclama la promotora habría que sumar además 588.000 euros anuales en intereses. 

En total, los diferentes convenios urbanísticos relacionados con el desarrollo de la zona norte que no se han ejecutado y las inmobiliarias han llevado a los tribunales suman indemnizaciones por valor de 120 millones de euros, indicó el vicealcalde.