Los convenios que firmó el Ayuntamiento a partir del 2005 con distintos promotores y constructores para desarrollar miles de viviendas en la zona norte del municipio no para de darle quebraderos de cabeza al nuevo Gobierno local, que ha heredado la compleja tramitación de estos acuerdos y las reclamaciones están presentando estas empresas.
El último varapalo llegó el pasado viernes a la Glorieta, día en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comunicó a la Administración local que rechazaba su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo el pasado 10 de noviembre de 2020, con lo que da la razón a Mamusa, promotora que iba a levantar cerca de cinco mil viviendas junto a Nueva Condomina y que reclama 19 millones por las cantidades ya abonadas a la Hacienda municipal sin que se haya desarrollado su proyecto urbanístico.
La mercantil Mamusa, que firmó un convenio urbanístico en 2008 con el entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara, y Espacio Avance llevaron al Ayuntamiento al Contencioso el 18 de mayo de 2018 tras rechazar la Concejalía de Urbanismo un escrito en el que solicitaron la resolución del convenio por causas sobrevenidas y que impedían su cumplimiento.
Y lógicamente reclamaron las cantidades aportadas en virtud de ese acuerdo: cerca de 19 millones. En la denuncia presentada, Mamusa sostenía que el desarrollo urbanístico había decaído técnica y jurídicamente por la anulación del Plan Especial de Infraestructuras Comunes del Ensanche Norte (PEI), un plan fundamental para la ejecución de las previsiones del convenio firmado. Ese plan, que fue aprobado en julio de 2009 por el Ayuntamiento, fue anulado por dos sentencias del TSJ, que aceptaron las denuncias de otras promotoras, que argumentaron que al ser infraestructuras básicas debían estar contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En la sentencia del TSJ del pasado viernes, que da la razón a Mamusa y a la que ha tenido acceso esta Redacción, el tribunal argumenta, tal y como lo hiciera el fallo del Contencioso, que el proyecto de la mercantil era inviable y que "los informes técnicos emitidos desde el Ayuntamiento apuntan a que habría 'soluciones técnicas', pero no prueban la viabilidad de las mismas".
Añade que el PEI anulado "era un eje esencial sobre el que se proyectaba el desarrollo urbanístico". Tanto es así que las infraestructuras previstas en el PEI siguen siendo necesarias para los desarrollos previstos. Así se afirma en el informe evacuado por la directora del Área de Urbanismo de 7 de octubre de 2015". Sostiene además que "la Sala aprecia que existen informes de los propios técnicos del Ayuntamiento, que parecen apuntar a que el Proyecto de Urbanización presentado estaría supeditado a las determinaciones del PEI y que, anulado el PEI, es incongruente informar sobre dicho proyecto".
El fallo del Tribunal Superior de Justicia rechaza también la solución que dan los técnicos para hacer viable el proyecto de Mamusa: "Como viene a reconocer la defensa del Ayuntamiento, si se abordara una modificación del Plan General, el convenio urbanístico sería plenamente viable. Esta afirmación no viene sino a corroborar que, anulado el PEI, el desarrollo urbanístico pactado en el convenio urbanístico citado es inviable en tanto en cuanto no están programadas las infraestructuras necesarias que permitan la transformación urbanística pactada.
La modificación del PGOU es una posibilidad futura, pero a día de hoy, no es una solución porque se trata de un mero compromiso futuro y que dependería de diversas administraciones, concernidas en la aprobación o modificación de un Plan de Ordenación Urbana".
El Ayuntamiento tiene previsto recurrir el fallo en casación ante el Tribunal Supremo para "defender los intereses de los murcianos y murcianas ante este caso heredado, cuya mala gestión del anterior Gobierno de Ballesta puede llevar a la quiebra a las arcas municipales si siguen las denuncias de promotores y las sentencias condenatorias". Los promotores adelantaron más de 90 millones a la Hacienda municipal por los desarrollos urbanísticos de la zona norte que no se han producido.
