Hace unas semanas el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia compareció públicamente para informar del uso que había estado haciendo el Grupo Ciudadanos de los contratos menores. Entre el 1 de julio de 2019 y el 28 de febrero de 2020, detallaron los populares, los ediles naranjas realizaron cerca de 700 contratos de este tipo por valor de 3,3 millones de euros. Destacaron igualmente que el 33 por ciento de los contratos menores durante ese período anual correspondieron al vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, por un importe superior a los 700.000 euros.

Pese al ánimo crítico de esa rueda de prensa, el PP se limitó a censurar el uso generoso de esta figura contractual. «Sorprende que Mario Gómez no se canse de utilizar sospechas permanentes pero, por el contrario, no dude en impulsarlos, en formalizarlos y realizar este tipo de contratación cientos y cientos de veces», señalaron.

Cabe recordar que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), inició una investigación sobre la contratación menor en el Ayuntamiento después de que el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, revelara sus sospechas ante la Policía. En concreto, la UDEF está supervisando los contratos suscritos por las concejalías de Cultura, Contratación, Descentralización y Turismo.

El Grupo Ciudadanos hizo del uso fraudulento de estos contratos uno de sus principales argumentos para presentar la moción de censura contra el alcalde José Ballesta.

Esta Redacción ha querido revisar la relación de contratos menores realizados por los cuatro ediles de Cs, Mario Gómez, Paqui Pérez, Pedro José García Rex, y Juan Fernando Hernánez, y consultar con diversas fuentes municipales con experiencia en el área de Contratación, que señalan, a falta de un análisis más detallado, que se aprecian multitud de contratos cuyas cuantías apuran el máximo legal e incluso lo sobrepasan. También pueden apreciarse, aseguran, facturas recurrentes a las mismas empresas por conceptos que difícilmente pueden ser considerados puntuales. Algunas facturas son llamativas, como aquella que tilda de «urgente» la adquisición de llaveros.

Uno de los ejemplos que estas fuentes señalan es, entre otros, los contratos que se realizaron entre junio y septiembre de 2019 para la adquisición de mobiliario en la Concejalía de Turismo y que a pesar de tener el mismo concepto se dividieron dos de ellos por valor de 13.993 y 14.400 euros.

Otros cuatro contratos en mayo de 2020 vinculados a la plataforma del Centro Virtual de Formación también superarían la cuantía total de los 15.000 euros que establece la ley para los servicios. La adquisición o reparación de neumáticos a la misma empresa entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 también se fraccionó en seis contratos que también superarían en su conjunto el límite establecido.

Cabe recordar que se consideran contratos menores aquellos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece que: «No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

Instrucción pendiente

Tal y como informó el concejal de Ciudadanos, y titular del área de Fomento, Mario Gómez, en una entrevista reciente a LA OPINIÓN el equipo de Gobierno tiene pendiente sacar adelante un sistema unificado y ajustado a la Ley de Contratos del Sector Público. Sobre la contratación menor, se comprometió a crear una instrucción para determinar los parámetros que todos los concejales van a tener que seguir para ejecutar esos procedimientos de contratación menor. Eso, según Gómez, garantizaría que no haya irregularidades como venía sucediendo anteriormente. «Me atrevería a decir que eran ilegalidades», llegó a afirmar el vicealcalde, aunque sólo refiriéndose a los ediles del Partido Popular.

Pese a lo expuesto, el Ayuntamiento de Murcia registra uno de los índices más bajos de contratación menor de todo el territorio español.