Con la progresiva vuelta a la normalidad tras muchos meses de duras restricciones para hacer frente a la pandemia también vuelven, con más fuerza que nunca, las denuncias por los ruidos que proceden de la actividad del sector del ocio y de la hostelería, especialmente el producido por las terrazas.

El Mapa Estratégico del Ruido del Ayuntamiento de Murcia delimita desde 2018 ciertas Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), como los entornos de la Universidad y Alfonso X; la zona de San Lorenzo, Santa Eulalia, San Juan o San Pedro. También se incluyó en 2019 los entornos de la avenida Juan Ramón Jiménez, del Infante Juan Manuel, Centrofama, Condestable y el entorno de la Catedral, entre otras. Sin embargo, las últimas quejas vecinales no provienen de ninguna de estas zonas sino del Paseo Joaquín Garrigues Walker en Juan Carlos I. Los afectados de esta zona han recogido ya más de 100 firmas para remitirlas en breve al Ayuntamiento y han contactado con esta Redacción para denunciar «el grave problema del ruido procedente de la proliferación descontrolada de terrazas y la impune ocupación del espacio público que sufre el barrio tras la medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Murcia para facilitar su actividad».

Por su parte, el presidente del colectivo No Más Ruido de Murcia, Pedro Pérez Piernas, lamenta que el Ayuntamiento no haya sabido conjugar los derechos de los trabajadores del sector de la hostelería con el derecho al descanso y a una buena calidad de vida de los vecinos. Pedro Pérez advierte que es una cuestión de salud pública.

Según la asociación, durante los años 2020 y 2021 se ha ampliado el número de mesas a instalar para establecimientos que ya tenían licencia y se han concedido multitud de nuevas autorizaciones, lo que ha producido un incremento del número de clientes que pueden generar ruido «en varios miles», con el consiguiente incremento de las molestias por ruido. «Esta actuación municipal al autorizar un mayor número de mesas de terraza es especialmente reprobable en determinadas áreas residenciales en las que ya se había acreditado un nivel de ruido que sobrepasaba los objetivos de calidad acústica», critica Pérez Piernas.

Asegura que tras muchos trastornos de ansiedad y adicciones a medicamentos para conciliar el sueño se encuentra un contexto acústico perjudicial.

La delimitación de las zonas de especial protección está vinculada a un Plan de Acción que contiene una batería de medidas encaminadas a reducir los niveles de ruido. «Este plan de acción no se está cumpliendo», lamenta.