Una veintena de personas se concentraban este jueves por la tarde en Murcia, frente a las antiguas calderas del gas, para protestar por los incidentes que, según denuncian, están teniendo lugar en el barrio de San Pío X, y de los que culpan a la población migrante allí asentada.

Entre los concentrados se encontraba Eduardo Martínez-Oliva, el que fuera concejal de Policía con el anterior equipo de Gobierno del PP. 

En San Pío X (cuya pedánea, Esther Mañas, pertenece al partido de Santiago Abascal) hay, siempre según la alcaldesa del barrio, no solo un aumento de los delitos, sino, afirma un foco de riesgo sanitario porque salen muchas ratas. No obstante, fuentes policiales aseguran que, aunque hay robos en la zona, "no se ha detectado un aumento escandaloso de la criminalidad en San Pío X ni hay una inseguridad flagrante".

Durante la concentración, una vecina salió de su vivienda e increpó a los presentes. Dijo a uno de ellos que "cómo decía que los migrantes roban la luz de una zona en la que directamente ni la hay".

Desde el Ayuntamiento de Murcia apuntaron hoy que el equipo de Gobierno "es consciente de la problemática y tiene la firme voluntad de solucionarlo, pero hay que resaltar que no existe un problema de inseguridad en la zona, que se mantienen reuniones periódicas con los vecinos y que las personas que viven dentro son ante todo eso, personas en una situación de vulnerabilidad, que eso es importante no olvidarlo".

"Es un problema que precisa de la implicación de varias concejalías, la de Sanidad, la de Servicios Sociales, la de Seguridad y Urbanismo", recuerdan fuentes municipales, que añaden que "desde la Concejalía de Urbanismo, desde el primer momento en el que empezó a trabajar Andrés Guerrero se ha puesto manos a la obra para intentar solucionar el problema. De hecho, en estos momentos la concejalía está tramitando la ejecución subsidiaria en estas instalaciones. Es decir, se ejecutará la actuación de adecuación de las instalaciones y luego se pasará la factura a los propietarios, que son los que tienen el deber de mantenerlas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que si hubiera personas dentro es un juez el que debe autorizar el desalojo previo a las actuaciones".