La situación económica del Ayuntamiento de Murcia, y en especial el quebranto para las arcas municipales que podrían suponer los convenios fallidos de la zona Norte de Murcia, centraron ayer buena parte del debate en el Pleno de La Glorieta.

El equipo de Gobierno creará, a propuesta del Grupo Municipal de Podemos, una mesa de trabajo para investigar estos convenios urbanísticos malogrados. Para justificar la iniciativa, aprobada ayer en el Pleno por unanimidad, la formación morada hizo referencia a los diferentes artículos publicados por La OPINIÓN en los se informó de una sentencia que obliga a pagar a las arcas municipales casi 20 millones de euros a una sociedad que suscribió un convenio en 2008 con la Administración local, que perdió viabilidad después de que el Tribunal Superior y después el Supremo tumbara el Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los Sectores del Ensanche Norte.

Esta sentencia abre la puerta a que el resto de promotoras, constructoras y empresas que firmaron convenios con el Ayuntamiento desde el 2005 recurran a la justicia para pedir la resolución de los mismos y por tanto el reintegro de las cantidades abonadas y de los avales presentados en su día en virtud de esos acuerdos. La caja municipal podría tener que devolver cerca de 125 millones de euros, como hace unos días reconociera el vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, cantidades que corresponden a siete convenios urbanísticos, cuyos proyectos de construcción de viviendas no se han desarrollado.

Dada la gravedad de esta situación, desde Podemos consideran «imprescindible» conocer todos los detalles de esos convenios, «porque si el Ayuntamiento va a caer en la ruina hace falta depurar responsabilidades», sostuvo ayer durante el Pleno, el portavoz morado, Ginés Ruiz. «El Partido Popular no puede mirar para otro lado porque el perjuicio al municipio no tiene precedentes», sostuvo.

La mesa de trabajo contará con la presencia de todos los grupos municipales y con la asistencia de los técnicos competentes y su objetivo será facilitar toda la información disponible y «exponer las posibilidades de actuación».

Por su parte, el edil socialista de Urbanismo, Andrés Guerrero, aseguró que «hay una espada de Damocles sobre nosotros, pero gestionaremos lo mejor posible cada uno de los convenios, que son diferentes y tienen soluciones diferentes». También recordó que «el pecado original» fue del alcalde Cámara pero «Ballesta tiene su cuota de responsabilidad por haber mirado hacia otro lado todo este tiempo».

¡Caraduras!

El debate de esta moción subió de tono cuando tomó la palabra el vicealcalde y líder de Cs en Murcia, que se dirigió a la bancada popular para llamar a los ediles «caraduras» por «haber arruinado a este Ayuntamiento». Gómez retó al concejal del PP, Eduardo Martínez-Oliva, a entrar a las oficinas de la Concejalía, mirar las cuentas y decir y «dónde están los 120 millones de euros del remanente de tesorería para inversiones que dijo que existían; miente y lo sabe». «Búsquelo usted, están en su Concejalía, donde se ha tocado la barriga durante dos años», respondió Martínez-Oliva.

Además, Gómez denunció que tampoco queda rastro de los 91 millones que han pagado las promotoras en efectivo en virtud de los convenios. «El PP ha malgastado ese dinero», insistió.

El PP logra que el Pleno se posicione contra la subida de impuestos

La situación económica de la Administración local y las políticas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez también copó buena parte del debate municipal en el Pleno de Murcia. A través de una moción, el PP denunció «el expolio fiscal» que «prepara Pedro Sánchez» y pidió que no se suban los tributos municipales.

«Subir los impuestos ahora sólo perjudicaría a los de siempre, a las familias murcianas», reconoció el portavoz de Cs, Mario Gómez, que pidió a su socio de Gobierno, el PSOE, que busque cualquier otra alternativa, para dinamizar la economía y eliminar todos los gastos innecesarios, antes que tocar los tributos. 

El edil de Gestión Económica, Enrique Lorca, recordó que cuando el ministro Montoro en 2012 subió impuestos el Gobierno popular no se inmutó. «Lo que sí he encontrado en la Concejalía de Gestión Económica son sapos en forma de facturas sin pagar, inversiones sin financiar desde 2020, de remanentes de tesorería negativos, de saldo de dudoso cobro disparado y los convenios de la zona norte; el culmen de la mala gestión.». 

La moción salió adelante con los apoyos de PP, Cs y Vox, y los votos en contra de PSOE y Podemos.