El Museo Ramón Gaya ha lanzado, por primera vez en su historia, un proceso de empleo público. Al anuncio, publicado en el BORM del 3 de febrero, de que el patronato del museo abría una convocatoria para designar a su próximo director, se unieron ayer otros seis puestos: cinco plazas de técnico auxiliar de actividades socioculturales y una de técnico medio en educación y cultura.
Con esta oferta, con bases aún por formalizar, la organización del museo y el Ayuntamiento de Murcia se acogen a lo que establecía una sentencia del TSJ de 2019, que concluyó que los trabajadores del Gaya estaban contratados en fraude de ley, al mezclarse en su organización la gestión pública y la privada, algo que el Tribunal de Cuentas no ve con buenos ojos. Los afectados pasaron, automáticamente, a ser trabajadores laborales no indefinidos. «Esto quiere decir -explica Manuel Martínez, delegado del sindicato Sime- que esas plazas deben ser plazas de estructura, y eso obliga al Gaya, y, en definitiva, al Ayuntamiento de Murcia, a crear plazas en plantilla presupuestaria y luego, incluirlas en una oferta de empleo público. Así se corregiría ese fraude de ley». Así pues, este anuncio de empleo público sería el segundo paso -después de haber incluido esas plazas en el presupuesto- que el patronato y el consistorio completan para que los trabajadores no estén contratados en fraude de ley.
«Nosotros valoramos muy positivamente que se haga este anuncio -continúa Martínez-, porque al final lo que hace es regular la situación laboral de unos trabajadores. Desde la Unión Europea lleva tiempo llamándose la atención a España en el sentido de que en la contratación pública se han cometido unas irregularidades, como las de mantener más tiempo del legal a personas en régimen de interinos, que en lo privado están mucho más perseguidas. Este es un paso para que se limite esa temporalidad».
«Proceso lento»
A partir del anuncio de convocatoria, la Administración tiene un plazo de tres años para ejecutarla, lo que implica la aprobación de las bases, que incluyen la modalidad de la oferta (concurso, oposición o concurso oposición) y la puesta en marcha del procedimiento.
En ese proceso, el consistorio está obligado a no imponer sus bases, sino a negociarlas de buena fe con los sindicatos (Sime, UGT, CCOO, CSIF y Atabam). Sin embargo, la norma no establece que sea necesario llegar a un acuerdo. Es decir: el Ayuntamiento puede aprobar sus bases, pero después de haberlas dialogado.
«Es un proceso muy lento -dice Martínez-, son convocatorias a las que se presenta muchísima gente, y el coronavirus ha atrasado aún más las etapas, porque el único sitio en el que se pueden hacer los exámenes [que deben ser presenciales] es la Universidad de Murcia, pero con la distancia obligatoria, todo queda en suspenso. El propio Ayuntamiento solo convoca plazas de promoción interna, de cara a la calle, nada».
