El primer teniente de alcalde de Murcia y concejal de Fomento, Mario Gómez, denunció el pasado 19 de octubre en comisaría que le habían hecho una pintada en su contra en la puerta de su casa, de la que se percató cuando una a llevar a su hija al colegio. Ese hecho indignó al portavoz de Cs en el Ayuntamiento y vinculó ese grafiti, que atentaba contra su honor, a la investigación que él y su partido estaban haciendo en el Consistorio sobre irregularidades en los contratos menores, que ahora están siendo investigados por la UDEF por orden de la Fiscalía de la Región.

Tres días después de la denuncia en comisaría, la Unidad de Delincuencia Económica le pidió que entregará documentación que aclarase sus sospechas de que había irregularidades en esas adjudicaciones. El portavoz naranja entregó entonces a la Policía tres gigas con documentación, según publica el digital eldiario.es, con la información recabada sobre los contratos menores que no estarían haciéndose en el Ayuntamientos de manera correcta, una hipótesis que ha mantenido Cs desde que formó gobierno con el PP y que se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la formación naranja.

No solo la UDEF investiga los contratos del Ayuntamiento. En un demoledor informe llevado al pleno del pasado mes de febrero y firmado por la Interventora municipal, Celia Milanés, se indica que la gestión económica financiera, desarrollada por el Ayuntamiento, "no se ajusta a la normativa ni a los principios de buena gestión financiera, al haber sido detectados incumplimientos, debilidades y deficiencias".

El documento de casi 50 páginas ‘Informe de Control Financiero sobre Contratación Menor’, al que tuvo acceso esta Redacción, está estructurado en dos partes, pero en ambas se llega prácticamente a la misma conclusión sobre la deficiente práctica de uso de los contratos menores. En total, la Intervención ha "identificado" 18.668 contratos menores (contando también los de Descentralización) por un importe cercano a los 40 millones de euros en 2019. De esa cantidad ha elegido de forma aleatoria, según explica la Interventora, 174 expedientes, que son los que han sido los analizados.

Contratos menores hasta 15.000 euros más IVA

La Ley de Contratos del Estado establece que las corporaciones locales pueden hacer contratos menores por valor de hasta 15.000 euros más IVA en el caso de servicios y suministros y de hasta 40.000 euros más IVA como máximo si se trata de inversiones. Además, el concejal o cargo público tiene una bolsa de hasta 9.000 euros para gastar en lo que precise el municipio aunque en todos los casos se recomienda pedir hasta tres presupuestos. Lo que la norma deja claro es que no se debe hacer un fraccionamiento de contratos y de proyectos para hacerlos pasar por contratos menores y obliga a los ayuntamientos a sacar un pliego de condiciones para un contrato mayor y ofertar el contrato a la libre concurrencia cuando sobrepasa de las cantidades establecidas para los contratos menores.

La Policía quiere saber, precisamente, si se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público en los distintos suministros y servicios que se contratan desde esos departamentos municipales y ha pedido los documentos acreditativos de esas operaciones desde 2015 hasta la actualidad, indicaron fuentes conocedoras de la investigación.