La gestión que el Ayuntamiento realiza de los contratos públicos está bajo la lupa de la Fiscalía de la Región, que ha iniciado una investigación para determinar si los procedimientos que lleva a cabo para adjudicar los servicios y suministros son los correctos o, por el contrario, vulneran la legalidad al fraccionarse o al adjudicarse prácticamente a dedo.

En el marco de esta investigación, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), ha pedido al Ayuntamiento de Murcia los contratos suscritos por las concejalías de Cultura, Contratación, Descentralización y Turismo, unos documentos que han sido ya remitidos por estos departamentos municipales para su análisis por parte del cuerpo policial especializado, según explicaron a esta Redacción los distintos ediles encargados de esas concejalías.

La Policía quiere saber si se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público en los distintos suministros y servicios que se contratan desde esos departamentos municipales y ha pedido los documentos acreditativos de esas operaciones desde 2015 hasta la actualidad, indicaron fuentes conocedoras de la investigación.

La Ley de Contratos del Estado establece que las corporaciones locales pueden hacer contratos menores por valor de hasta 15.000 euros más IVA en el caso de servicios y suministros y de hasta 40.000 euros más IVA como máximo si se trata de inversiones. Además, el concejal o cargo público tiene una bolsa de hasta 9.000 euros para gastar en lo que precise el municipio aunque en todos los casos se recomienda pedir hasta tres presupuestos. Lo que la norma deja claro es que no se debe hacer un fraccionamiento de contratos y de proyectos para hacerlos pasar por contratos menores y obliga a los ayuntamientos a sacar un pliego de condiciones para un contrato mayor y ofertar el contrato a la libre concurrencia cuando sobrepasa de las cantidades establecidas para los contratos menores.

Los contratos realizados por la concejalía de Cultura para la provisión de azafatas y controladores de salas de exposiciones así como los gastos de transporte, manutención y alojamiento del IBAFF son algunas de las adjudicaciones que están siendo investigadas por parte del grupo especializado policial. El concejal de este departamento, Jesús Pacheco, indicó ayer a esta Redacción que «hemos remitido toda la documentación que nos ha sido solicitada, tal y como hacemos siempre que los tribunales nos piden papeles». También el concejal de Descentralización, Marco Antonio Fernández, explicó que, al igual que su compañero, su departamento ha enviado los contratos solicitados. En este caso, se trata de la instalación de las luces navideñas de las juntas municipales, que están bajo sospecha al haberse podido fraccionar esos contratos o haberse adjudicado a una misma empresa que presenta presupuestos con distintas marcas, lo que podría suponer una adjudicación a dedo encubierta.

Contratación es otro de los departamentos que ha aportado papeles a la UDEF sobre distintos contratos como la reparación de motos de la Policía Local, arreglos (chapa y pintura) y cambio de neumáticos de vehículos municipales, lavado de coches del Ayuntamiento y obras menores de mantenimiento de distintos años, sobre todo del primer semestre de 2019. El concejal de Fomento, Mario Gómez, indicó a esta Redacción que «esos contratos ya han sido estudiados en la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento» y, a su juicio, indican que las cosas no se han hecho bien en la gestión de los contratos menores, una práctica que hay que cambiar y que «Cs está intentando modificar. La Unión Europea ya ha dicho que la mayor corrupción se está dando en los contratos menores».

En cuanto a las peticiones de información de Turismo, la UDEF ha solicitado contratos de este departamento que se realizaron en el anterior mandato, cuando esa responsabilidad era competencia de Pacheco.