La Plataforma en defensa del Transporte Público de Murcia, conformada por asociaciones y colectivos sociales y políticos, ha denunciado «la grave situación del transporte público en las pedanías y en el acceso desde municipios colindantes».
En un comunicado, la Plataforma, de reciente creación, ha puesto de relieve el «agravamiento» de este servicio a raíz de la crisis sanitaria, un contexto que, a su juicio, «ha servido como excusa para tomar una serie de medidas». Entre ellas, se menciona la reducción de la jornada y el salario a más de 270 trabajadores de autobuses, quienes «continúan a día de hoy en ERTE y sin recibir respuesta del Ayuntamiento de Murcia ni del Gobierno regional desde hace meses, tras peticiones reiteradas por varias vías y una huelga indefinida».
También critica el «aislamiento» de las pedanías, que «han visto reducido el número de autobuses y la frecuencia horaria y que han dejado sin un solo autobús los domingos y festivos».
A esto, la Plataforma suma «las reducciones de aforo que producen que vecinos y vecinas se queden en tierra y no puedan acudir al centro de trabajo, de estudio o al hospital, teniendo que ir a pie o buscarse métodos alternativos», lo que «además provoca aglomeraciones en horas punta y la imposibilidad de coordinar los trasbordos».
La organización responsabiliza al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno regional, quienes «en connivencia con la empresa de autobuses LAT consideran que la mayoría de la población de Murcia, que reside en pedanías, no merece tener garantizado el derecho al transporte público».
En este sentido, apunta que el pasado 1 de octubre la Consejería de Fomento «dictó una orden por la que obligaba a las empresas concesionarias a adecuar los niveles de oferta de los servicios de transporte público a la recuperación de la demanda». «No la hay porque su oferta de servicio de autobuses es insuficiente», añade el comunicado.
Reivindicaciones
Al objeto de mejorar el transporte público, la Plataforma reclama la convocatoria de una reunión urgente con la representación de la plantilla de trabajadores y asociaciones de vecinos para buscar solución a la problemática.
Del mismo modo, apuesta por la recuperación del 100% de los servicios de transporte que fueron reducidos durante el inicio de la pandemia; el fin del ERTE, la recuperación íntegra de la jornada de trabajo y el «respeto a los derechos de la plantilla».
Por último, destaca la necesidad de impulsar el Plan Director del Transporte de Viajeros, en el que se apueste «por un transporte público como un derecho de calidad, con financiación adecuada, sin aglomeraciones que favorezcan contagios, respeto al medioambiente y que adapte dichos servicios a las necesidades de la mayoría social».
