Hace un mes que se cerró el plazo para presentar alegaciones contra las expropiaciones que afectan a cerca de 150 viviendas en el barrio de Barriomar para dar continuidad a la fase 2 del soterramiento en la ciudad de Murcia. A día de hoy, los vecinos no han recibido comunicación del ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para cerrar las compensaciones que deberán recibir por el tiempo que dejarán de ocupar sus casas mientras duren las obras de soterramiento. El siguiente paso en la tramitación de estas ayudas tras publicar el BOE el pasado mes la lista de parcelas afectadas sería la citación vecino a vecino para intentar llegar a un acuerdo. Un acuerdo que pasa por ofrecer a los habitantes de Barriomar afectados seis euros mensuales por metro cuadrado durante tres años, el tiempo que se estima que duren las obras en este tramo ferroviario. En total, la inversión en indemnizaciones alcanzaría los 4,5 o 5 millones de euros. Más de la mitad de las casas están sin ocupar, señala José Manzanera, vecino afectado por las expropiaciones, quien señala además que por cada día que pasa están «más asustados».

En la cabeza de los vecinos está también una duda que plantearon al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y que este no supo contestar. Temen que las ayudas recibidas por la expropiación de sus viviendas de forma temporal tenga que tributar ante Hacienda. Con la ley en la mano señalan que esto no haría falta pero hasta ahora ni Adif, ni el Ministerio de Movilidad ni la Consejería de Fomento les han respondido.

Con la inauguración el martes de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Orihuela y Alicante con Madrid, los ecos de esa celebración llegan a Murcia y provocan un profundo malestar en el Gobierno regional. El Ejecutivo murciano ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «rectificar la gestión» que está desarrollando en las obras de la integración de la alta velocidad desde la estación ferroviaria del Carmen de Murcia hacia Almería y «no frenar la continuidad del Corredor Mediterráneo».

El consejero Díez de Revenga ha solicitado al Gobierno de España un «mejor trato», que ha calificado de «muy deficiente», a las familias afectadas por el proceso de expropiación de estas obras, que «viven con tremenda angustia y ansiedad cómo estas obras afectarán a su única vivienda».

Díez de Revenga ha acusado al Estado de «falta de sensibilidad humana y solidaridad con las familias, muchas de ellas formadas por personas mayores, a las que le arrebatan su hogar en el que han pasado toda su vida y que han pagado con gran esfuerzo durante muchos años y que, además, coincide con el peor momento de la pandemia». Los vecinos residentes en Barriomar, barrio por el que discurre la red ferroviaria hacia Lorca y Andalucía, trasladaron al consejero que desde el Gobierno de España reciben «información contradictoria» sobre la ejecución de las obras y la afección que tendrán sobre sus viviendas y que «no les ofrecen ningún tipo de voluntad de acuerdo y de negociación».