El millonario contrato de renovación y cuidado de parques y jardines del municipio no ha parado de dar quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Murcia desde que fuera adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) STV Gestión y Actúa Servicios y Medio Ambiente. Un nuevo tropiezo amenaza con enturbiar la gestión de este servicio que se ha visto en el foco de la polémica por distintos motivos en los últimos meses: desde los retrasos en la entrega de las zonas verdes a remodelar hasta la denuncia del PSOE en Fiscalía sobre los vídeos utilizados por los populares con imágenes presuntamente entregadas por la adjudicataria en el concurso municipal.
Una de las veinte empresas que se presentaron para hacerse con este contrato ha decidido recurrir a los tribunales y ha presentado un contencioso-administrativo al considerar que la oferta ganadora no se ajusta al pliego de condiciones elaborado por los técnicos de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración. Se trata de Urbaser SA, que primero recurrió sin éxito al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que desestimó su recurso
La adjudicación del 'supercontrato' se llevó a cabo en siete lotes aunque Urbaser interpuso recurso administrativo por dos de los lotes: el 1 y el 2, que son los que ha llevado a los tribunales. El lote 1 tiene un importe de 46.191.968 euros e incluye las obras de mantenimiento, conservación y restauración de zonas verdes y árboles de alineación. Este lote lo consiguió STV Gestión en UTE con Actúa Servicios y Medio Ambiente. El lote 2 recoge todas las obras de mantenimiento, conservación y restauración de medianas y redondas por un gasto de 5.560.348. Se lo quedó también a STV Gestión.
Trabajos esporádicos
Urbaser recurrió la adjudicación de los lotes 1 y 2 por entender que los medios humanos y las instalaciones eran insuficientes para atender estos proyectos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos desestimó en agosto de 2019 los recursos y consideró que «el hecho de que la mercantil adjudicataria de los tres primeros lotes del contrato (el primero en UTE con otra empresa) destine las mismas personas a cada uno no impide la correcta ejecución de los mismos, habida cuenta de que se trata de trabajos esporádicos que puede atender de forma simultánea».
Urbaser tampoco tuvo suerte con otro de los argumentos que esgrimió en su recurso anterior, relacionado con la superficie total de las instalaciones ofertadas que, según el pliego de condiciones, debe ser de 12 metros cuadrados por trabajador. STV incluyó las instalaciones de Santo Ángel y sus oficinas con un total de 700 metros cuadrados que, dividido entre el personal ofertado de 26,30 empleados, resultó una ratio de 26,61 metros cuadrados por trabajador, superando la ratio exigida.
Con esos razonamientos, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos no aceptó el recurso de la empresa que recurrió y el Ayuntamiento pudo hacer efectiva la adjudicación de este 'supercontrato' que supone un gasto para las arcas municipales de cerca de 70 millones hasta noviembre de 2022.
Urbaser no se resigna y ha decidido llevar a los tribunales de justicia los dos lotes esgrimiendo los mismos argumentos que dio en los recursos ante el Tribunal de Recursos Administrativos, un órgano del Gobierno de la Nación que intenta solventar las cuestiones de contratos de las administraciones públicas y así evitar que las empresas se vayan al contencioso, un extremo que en este caso no se ha evitado.
El Ayuntamiento, según ha podido saber esta Redacción, ya ha recibido la notificación de este contencioso por parte de los tribunales de justicia, una resolución en la que se indica que puede comparecer en el procedimiento iniciado.
